El Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, envió una carta a la Presidenta Paula Mae-Weekes y al Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, en rechazo a la deportación forzosa de 16 menores venezolanos de su territorio.
El mandatario nacional aseguró que la acción llevada a cabo por su gobierno los convierte en cómplices de un nuevo delito de lesa humanidad, criminalizando a los migrantes-refugiados venezolanos, incentivando una práctica xenófoba de su parte frente a los venezolanos quienes son víctimas del único responsable de la crisis humanitaria y migratoria que vive Venezuela, su aliado político, Nicolás Maduro.
A continuación la carta íntegra:
Excelentísima
Sra. Paula-Mae Weekes
Presidenta de Trinidad y Tobago
Excelentísimo
Sr. Keith Rowley
Primer ministro de Trinidad y Tobago
Puerto España
Presente.-
Me dirijo a ustedes en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, y como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, para declarar mi más profundo y contundente rechazo a la comunicación realizada por su gobierno, respecto al caso de los 16 niños refugiados venezolanos, entre ellos un bebé de 4 meses, separados de sus padres, y deportados de manera forzada. Ello constituye una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario, y un trato cruel e inhumano, más aún cuando son personas que huyen de Venezuela gracias a la profundización y agravamiento de una Emergencia Humanitaria Compleja causada por el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, su aliado político.
Refiriéndome en específico al comunicado de su gobierno, es totalmente inaceptable y falto de ética, de responsabilidad y de humanidad el querer politizar y criminalizar una acción inaceptable como lo es la devolución forzada de menores de edad, con el agravante de haberlos separado de sus padres, dejándolos en total indefensión.
Con esta actitud ustedes se constituyen en cómplices de un nuevo crimen de lesa humanidad (violando el artículo 7, literal h del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional), además desconocen compromisos de aplicación universal vinculados a principios de Derecho Internacional Humanitario y de Derecho Internacional de los Refugiados, de los que Trinidad y Tobago, así no fuera parte, debe cumplir como parte de la Costumbre Internacional.
Ustedes califican a la migración de refugiados venezolanos como ilegal. El Derecho Internacional sobre los Refugiados es claro cuando genera principios como: “El hecho de que dichas personas migren de forma irregular no exime a los Estados de la obligación de proteger sus derechos”. Además, los refugiados están protegidos en virtud del derecho internacional contra cualquier sanción relacionada con su entrada o estancia no autorizada en un país, siempre y cuando estos procedan de un lugar en el que corrían peligro (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados [aprobada el 28 de julio de 1951 y en vigor desde el 22 de abril de 1954], art. 31, párr. 1).
Por otro lado, es importante recordarles que es totalmente contrario a las normas de Derecho Internacional de los Refugiados, ejercer la “Devolución Forzosa de Migrantes Refugiados”, habida cuenta la norma indica claramente: “la prohibición de extraditar, deportar, expulsar o devolver a una persona a un país en el que su vida o su libertad estarían amenazadas, o cuando existan razones fundadas para creer que dicha persona correría el riesgo de verse sometida a actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; de ser objeto de desaparición forzada, o de sufrir otros daños irreparables”.
No conforme a lo anterior, su gobierno trata de criminalizar a los migrantes-refugiados venezolanos, vinculándolos a “personas sin nombre y sin rostro armados” quienes tratan de obligar a Trinidad y Tobago a que mantenga sus fronteras abiertas “a todos los migrantes económicos, traficantes de armas, traficantes de drogas, traficantes de personas y líderes / miembros de pandillas sudamericanos”. Ello es un nuevo ilícito internacional porque es una práctica xenófoba de su parte frente a los migrantes venezolanos quienes, no son criminales, más bien son víctimas desesperadas de un régimen criminal como es el de Nicolás Maduro, quien los ha sometido a la más profunda miseria, agravada esta con la pandemia de la COVID-19. Por lo tanto exigimos el cese de la política xenófoba oficial.
La situación de los migrantes-refugiados venezolanos, que pudiera ser vista como una amenaza para Trinidad y Tobago, solo puede ser resuelta elevando los niveles de Cooperación Internacional Humanitaria en el marco de la Gobernanza entre nuestros países, con apoyo de organizaciones como la OEA y la ONU por medio de ACNUR y OIM, por tan solo nombrar algunas; respetando cabalmente el Derecho Internacional; y no politizando los hechos, o criminalizando a los refugiados quienes son Personas Necesitadas de Protección Internacional (P.N.P.I.).
Por último, el razonamiento de ese comunicado es por demás irresponsable y trata de evadir la realidad a la que estoy obligado a honrar en nombre de mis conciudadanos. El único culpable de la Emergencia Humanitaria Compleja, y que los ha obligado a huir de su tierra es Nicolás Maduro. Hay 56 naciones del mundo libre y organizaciones, como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea que han ejercido acciones para respaldar a un pueblo que sufre y que clama por su libertad y que ella emane de unas elecciones presidenciales y parlamentarias verdaderamente competitivas, justas, transparentes, en paz y sin coacción alguna. Para ellos, y para los trinitarios que han abierto las puertas de su país, nuestro agradecimiento, para usted, Primer Ministro, nuestro profundo rechazo.
Los venezolanos que viven en Trinidad y Tobago tienen todo mi respaldo y mi solidaridad. Levantaremos nuestra voz cada vez que sea necesario para defender sus derechos.
Sin más a que hacer referencia quedo de ustedes,
Atentamente,
Juan Guaido Márquez
Presidente de la Asamblea Nacional
Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela
