Ecuador ha vivido en 2023 el proceso de elecciones más violento de la historia, con 88 casos de violencia política, entre ellos el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto, informó este miércoles el Observatorio Ciudadano de Violencia Política.
Fausto Camacho, integrante del Observatorio, apuntó en una rueda de prensa que «la presencia de la violencia en la política no es un hecho nuevo en la contienda electoral ecuatoriana». «Sin embargo, son absolutamente inéditos los niveles a los que se ha llegado en esta ocasión», señaló.
Se lamentó de que hechos de violencia en general se vayan «normalizando» en la opinión pública y atribuyó la inseguridad a la lucha de grupos de delincuencia organizada por el control del territorio, «a fin de garantizar su acción ilícita relacionada con actividades de narcotráfico, trata de personas», entre otros.
«Nada alentadoras»
Tras un ejercicio de observancia entre 2022 y 2023, el Observatorio apuntó que los datos «no son nada alentadores» y detalló que se registraron 88 casos de violencia política «que afecta la integridad física y a la vida», el 84 % de los cuales fue dirigido a hombres y el 16 % a mujeres.
Veintiún de esos 88 casos ocurrieron en las elecciones generales anticipadas para renovar a la Asamblea Nacional (Parlamento) y para designar al sucesor del presidente, el conservador Guillermo Lasso, que tuvieron una primera vuelta el 20 de agosto y que se definirá en una segunda rueda el 15 de octubre.
El 76 % de los 21 casos fueron a hombres y el 24 % a mujeres, «y en promedio, cada cinco días había un nuevo ataque dentro del proceso electoral», dijo Karina Ponce, del Observatorio que integran la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA) y la organización alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
El 86 % fue a líderes políticos (candidatos, autoridades de elección popular y autoridades de designación) y el 14 % a familiares y cercanos, como una acción de intimidación.
Asesinatos, atentados y amenazas
En las elecciones extraordinarias, esos ataques fueron a candidatos (43 %), autoridades de elección popular (24 %), autoridades de designación (14 %) y el 5 % a otros actores políticos como excandidatos, entre otras dignidades.
Entre los ataques figuran asesinatos (34 %), atentados (48 %), amenazas (10 %), secuestros (5 %) y asaltos (3 %).
Entre los asesinatos está el de Villavicencio, acribillado por sicarios cuando salía de un mitin político en Quito, y el del alcalde de Manta, Agustín Intriago.
Sobre las organizaciones políticas hacia las cuales se dirigieron estos ataques, mencionó con un 17 % a la Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), mientras que un 10 % fue a «actores sobre los cuales no hay la identificación clara de su pertenencia política o porque son familiares o cercanos», dijo.
El 9 % fue al movimiento oficialista CREO, el 7 % al conservador Partido Social Cristiano (PSC), el 5 % al Centro Democrático, Pachakutik e Izquierda Democrática (ID), y un 42 % que está distribuido, entre otras organizaciones políticas y alianzas electorales.
Violencia por motivos de género
En la rueda de prensa, Ana Gómez recordó que la violencia política por razones de género está tipificada en el Código de la Democracia, y por la cual ya ha habido seis sentencias a nivel nacional, entre ellas la destitución, suspensión de derechos políticos de tres alcaldes y un presidente de una Junta parroquial.
En el análisis de este año encontraron que la mayoría de ataques por medios digitales incluyen expresiones con estereotipos de género, que buscan afectar la imagen política de las mujeres.
En este caso, los ataques han sido dirigidos tanto a mujeres candidatas en los binomios presidenciales, como a lideresas y activistas que expresaron su opinión en redes sociales.
Entre las expresiones documentadas figuran «mojigata, prostituta, feminazi y otras», apuntó Gómez.
También detectaron violencia en casos de discriminación por orientación sexual o por nacionalidad e, incluso los candidatos, recibieron ataques con la finalidad de menospreciar una orientación sexual con la que ellos «ni siquiera se identifican», dijo.
UR
