Este 23 de marzo se llevó a cabo la audiencia número 43 del juicio llevado en contra de la jueza María Lourdes Afiuni, quien por el simple hecho de haber dictado una decisión ajustada a derecho el 10 de diciembre del año 2009 fue privada de libertad, cuando el ex presidente Hugo Chávez ordenó su prisión por 30 años.
Así lo informó el integrante de la defensa de Afiuni, abogado José Amalio Graterol al enfatizar que la jueza “hoy en día se mantiene con medidas de coerción personal durante un tiempo de siete años y tres meses, lo que resulta totalmente inconstitucional”.
El abogado defensor destacó que “solo restan cinco testigos para que culmine el juicio de Afiuni, ellos son Elvis Ramírez, ex jefe de investigaciones del Sebin para aquel entonces, Julio César Rodríguez, ex inspector de tribunales del circuito judicial penal de Caracas, Veneci Blanco, ex presidenta del circuito judicial penal de área metropolitana de Caracas y Daniel Medina, ex fiscal de la causa, uno de los que entró a allanar el tribunal de la jueza sin ninguna orden y quien es hoy en día abogado de Diosdado Cabello y un ciudadano funcionario del Sebin de apellido Loyo, quien llevó a cabo el allanamiento del tribunal”.
“Solo faltan cinco testigos para que culmine uno de los juicios más largos de la historia de Venezuela que lleva ya 43 audiencias, todos los testigos han señalado que si hubo boleta de excarcelación, que no se hizo un audiencia preliminar sino un diferimiento, que no hubo ningún tipo de irregularidades en las actuaciones de la jueza Afiuni”, recordó el profesional del derecho.
Para el abogado estos cinco testigos que faltan por declarar “son contumaces, no se han presentado a tribunales porque tienen intereses personales que salvaguardar, esas personas cometieron delitos en contra de la jueza Afiuni”.
“Esperamos que el juez de la causa prescinda de estos testigos en los próximos días y haya en estos próximos meses una resolución para este juicio penal que lleva siete años y tres meses”, acotó.
José Amalio Graterol dijo que la jueza Afiuni se mantiene con medidas de coerción personal como son: no poder declarar a los medios de comunicación, no utilizar ninguna red social y presentarse periódicamente ante un tribunal.
“El caso Afiuni constituye el caso en Venezuela que marcó un antes y después de la justicia y la independencia del Poder Judicial, antes de este caso había justicia en Venezuela; después de este caso los jueces solo se dedican a perseguir, no a los delincuentes que matan al pueblo en la calle, sino a todo aquel que disienta del régimen. Los jueces son administradores de llamadas telefónicas del Poder Ejecutivo para dictar decisiones contrarias a derecho”, puntualizó José Amalio Graterol.
Nota de prensa
