La revelación del abogado Joel García de que el traslado de Roland Carreño a una clínica de Caracas se debió a la acción de uno de sus “carceleros” evidencia la naturaleza de la detención del periodista. El responsable de la prisión se cansó de informar al juez sobre la condición del detenido y, como no le hacía caso, decidió él mismo sacarlo de la mazmorra para que recibiera la atención que necesitaba. Fue un destello de conciencia y empatía que se le agradece.
La acusación que pesa sobre el periodista es de terrorismo, sencillamente porque milita en las filas del partido Voluntad Popular y es uno de los más cercanos colaboradores de Leopoldo López, objeto del más crudo de los odios de la gestión chavista desde que el propio comandante estaba vivo. Pero es Carreño el que está sufriendo las consecuencias de este sinsentido. Es completamente inocente de lo que se le acusa y tampoco es un delito oponerse al gobierno.
Lo que está padeciendo Carreño es lo mismo que sufren cientos de presos políticos, una modalidad copiada completamente de Cuba y aderezada con todas las torturas y vejaciones de las que son capaces los chavistas, porque desde la isla les enseñaron que si no se calla a la oposición no pueden mantenerse en el poder.
Tampoco es Carreño el primer preso político al que le niegan la atención médica. No tenemos más que recordar el caso del capitán Arévalo para saber cómo operan. Pero no por eso se puede dejar de levantar la voz, porque una vez que se deje de denunciar hechos tan macabros, la sociedad venezolana comenzará a ver normal esta situación. Se trata de derechos humanos violados diariamente, y esto es parte de esos delitos que no prescriben y por los cuales hay que juzgar a los responsables.
En este momento, y gracias a ese carcelero, Carreño está recibiendo la atención que necesita para superar tanto las crisis hipertensivas como la neumonía bilateral que adquirió en la prisión. Pero lo importante que debe seguirse denunciando es que él no es culpable de ningún delito y por lo tanto no debe seguir en prisión. Debe ser excarcelado inmediatamente y debe además tener la garantía de ejercer su militancia política y su profesión de manera libre y democrática.
Cuando un Estado se hace cargo de una persona que cometió un delito no quiere decir que lo mete en un depósito de seres humanos; quiere decir que debe ser garante de que cumpla la pena acorde y además de su salud, su vida y su posterior reinserción a la sociedad. Eso, con los presos comunes, que se sabe que la gestión chavista por más de 20 años ha tenido olvidados.
En Venezuela no debería haber ningún preso político y mucho menos que alguien pierda la vida por la desidia y la maldad de un juez que no hace su trabajo. Nadie se merece esta tortura. Por eso, como los miles de periodistas venezolanos por todo el mundo, decimos: ¡Liberen a Roland Carreño!
Editorial de El Nacional
