Tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía y los recientes anuncios de excarcelaciones masivas, el abogado y vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, emitió una precisión jurídica fundamental para despejar los temores que rodean la aplicación del instrumento legal. A través de sus canales oficiales, el defensor de derechos humanos subrayó que existe una confusión técnica peligrosa que debe ser aclarada: la amnistía no es un reconocimiento de delitos, sino la extinción de la acción penal.
«En ninguna parte de la ley se dice que para ser liberado hay que aceptar que se ha cometido un delito», enfatizó Himiob. La aclaratoria busca proteger la integridad moral de los presos políticos y manifestantes, diferenciando claramente el perdón jurídico de la confesión de hechos. Según el abogado, la norma exige la existencia de un proceso o condena —real o potencial— como requisito para su aplicación, pero en ningún caso condiciona la libertad a que el beneficiario se declare culpable. «No es lo mismo», puntualizó, marcando una distancia necesaria frente a las interpretaciones que sugieren que los perseguidos políticos deben validar la narrativa judicial del sistema para salir de las celdas.
Esta precisión cobra especial relevancia en el contexto actual, donde el sistema judicial venezolano comienza a procesar más de 1.500 solicitudes bajo la supervisión de una comisión oficialista. Mientras los expertos legales coinciden en que la ley es un paso significativo, también advierten sobre su carácter limitado. Para el Foro Penal y otras organizaciones, la clave reside en que este mecanismo logre la libertad plena de los cientos de detenidos y miles de ciudadanos con medidas restrictivas sin que esto suponga una renuncia a su derecho a la verdad y a la reparación por detenciones que han sido catalogadas como arbitrarias.
