La Procuraduría General de la República revisa la disposición legal que obliga a vender los automóviles a los precios que marcaban en febrero, afirmó una fuente del sector que pidió no ser identificada.
Agregó que las ensambladoras y los ministerios de Industria y de Finanzas han mantenido reuniones bajo perfil, ya que de ser promulgada la ley que regula la compra y venta de vehículos nuevos y usados, incidiría en la capacidad de supervivencia de las empresas. Mientras los abogados alegan que la retroactividad en los precios es inconstitucional, del lado oficial creen que se trata sólo de una referencia.
Las ensambladoras han pedido evaluar las sanciones porque resultan exageradas y podrían quebrar concesionarios, así como la obligación de publicar una lista de espera que viola la confidencialidad del negocio en un país con alto índice de inseguridad, agregó la fuente.
La revisión de la retroactividad en los precios sería la razón por la que no se ha promulgado aún la ley. La Asamblea Nacional la sancionó hace 16 días y el Ejecutivo todavía no ha fijado posición.
El artículo 213 de la Constitución establece que una vez sancionada una ley se envía a la Presidencia de la República, que la promulga a 10 días de recibirla. Aunque se desconoce en qué momento llegó la legislación a Miraflores, la fuente indicó que fue el 14 de agosto, un día después de su sanción.
La carta magna también dispone que el Presidente puede solicitar la modificación de una disposición, levantar la sanción o pedir el pronunciamiento de la Sala Constitucional del TSJ. El artículo 216 estipula que de no promulgarse el texto, la Asamblea podría proceder a su publicación en Gaceta Oficial.
De promulgarse sin cambios, la ley fija que la Superintendencia Nacional de Costos y Precios determinará los precios de venta de cada modelo en 120 días. “Si sale en septiembre, la congelación se mantendría hasta enero de 2014″, dijo.
José Luis Hernández, presidente de la junta directiva de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, señaló que será imposible regular el precio de miles de partes automotrices de diferentes marcas. “Si los precios de repuestos se mantienen congelados, los costos de producción quedarán por encima del precio sugerido”.
“Confiamos en que el reglamento se publique en un lapso no mayor de 30 días y que allí se corrijan las distorsiones que afectarían la actividad de la industria”, dice una nota de prensa de Favenpa
Tono elevado
Una fuente del sector importador consideró que el texto es muy restrictivo y punitivo. “En esas condiciones las ensambladoras no podrían operar más en Venezuela”.
En los concesionarios preocupa la posibilidad de que tres de las siete ensambladoras establecidas en el país salgan del mercado de promulgarse la legislación tal como fue aprobada por la Asamblea.
Otra fuente afirmó que las empresas más bien llaman a la reflexión. “Una ensambladora transnacional no pelea con un gobierno, se ajusta a las normas y resuelve bajo perfil. Esa decisión viene de la casa matriz. Algunas tienen la capacidad para soportar las pérdidas y ven un mercado en Venezuela, pero esos rumores son tácticas de negociación”, afirmó.
Fuente: El Nacional
