El internacionalista Oscar Hernández Bernalette considera que el Ejecutivo corrigió la norma, emitida en mayo, que afectó la disputa con Guyana y con Colombia. El vicealmirante Jesús Briceño García cree que se intenta “darle precedente jurídico al patrullaje como ejercicio de soberanía”
El gobierno corrigió el decreto presidencial 1787 sobre Zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (Zodimain), que fue emitido el 27 de mayo de este año. En la Gaceta Oficial número 40696, del 6 de julio, se publicó el nuevo decreto, 1859, en el que se suprimieron las coordenadas geográficas.
La norma fue conocida luego de la comparecencia, el lunes pasado, del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, donde defendió la política sobre Guyana. El artículo 20 del nuevo decreto establece que su objetivo “es la protección frente amenazas, riesgos y otras vulnerabilidades, de modo que no supone bajo ningún respecto pronunciamiento relativo a cuestiones territoriales”.
Se ratifican cuatro zonas operativas: Atlántica, Oriental, Central y Occidental. En la zona Atlántica se suprimió la frase “las áreas marinas y submarinas que corresponden a la zona en reclamación” y ahora se refieren los límites “que están por determinarse entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana”. Fue eliminada la parte en la que se habían colocado con detalles la latitud y longitud de los puntos geográficos; allí se citaban los puntos desde el Esequibo.
El decreto tiene cambios en la Zona Occidental, correspondiente al Golfo de Venezuela, en la que se suprimieron las coordenadas de latitud y longitud en varios puntos, entre estos el correspondiente a Castilletes.
El internacionalista Oscar Hernández Bernalette ve con buenos ojos lo que considera una rectificación del gobierno. Dijo que más allá de algunas redundancias, como el señalamiento de la visión geopolítica de Hugo Chávez, hubo una corrección importante para el proceso de negociación territorial con Guyana y con Colombia.
“Las negociaciones deben hacerse según lo establecido en el Pacto de Ginebra. Allí se señala que debe buscarse una solución satisfactoria. Hubo una irresponsabilidad inicial, que generó conflictos diplomáticos que pudieron evitarse. Se aprecian diferencias entre el tono del discurso de Maduro en la Asamblea Nacional y el nuevo decreto. En cualquier país media Cancillería estaría despedida”, indicó.
Hernández aclaró que la rectificación no significa que Venezuela renuncie a sus reclamos legítimos, pero sostuvo que estos deben basarse en el derecho internacional y tras la búsqueda de una solución pacífica. “Venezuela había seguido pasos permanentes en las diferencias con Guyana, que fueron detenidos desde el inicio de este gobierno. Nos descuidamos con el litigio con Guyana, no estaban funcionando las comisiones binacionales”, añadió.
Coincidió con el vicealmirante Jesús Briceño García, ex comandante de la Armada, en que el parágrafo único del nuevo decreto es claro: “Quedan a salvo las delimitaciones de áreas marítimas y submarinas correspondientes a la República Bolivariana de Venezuela con los demás Estados, con estricta sujeción a los tratados y acuerdos suscritos y aprobados por la República y los mecanismos diplomáticos preexistentes. Tales descripciones de áreas geográficas no constituyen ningún pronunciamiento sobre territorios, áreas marinas y submarinas de la República Bolivariana de Venezuela que queden pendientes por definir”.
Briceño dijo que el gobierno ha desperdiciado 16 años en la defensa del territorio. Añadió que el decreto “intenta darle precedente jurídico al patrullaje como ejercicio de soberanía”. Recordó que fue en 1975 cuando la Armada estableció una zona marítima de patrullaje en el Golfo de Venezuela.
El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, señaló en Twitter que la FANB apoya “irrestrictamente” la posición “patriótica y valiente” de Maduro en defensa de los intereses de la nación.
Cuestionamiento. Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa, considera que el gobierno ahora es “complaciente”. Dijo que no le extrañaría que el gobierno de Guyana se sume a la reacción de beneplácito que tuvo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
“En este decreto el gobierno regresa a una posición dócil y tradicionalista. Este decreto no significa absolutamente nada para los países fronterizos. Es inadmisible que se haya eliminado lo relativo a la zona en reclamación y el Esequibo; ahora hay una simple compartimentación de espacios marítimos. El decreto representa un insulto a la Armada, que se ha fajado por décadas a hacer valer los espacios jurisdiccionales marítimos de la República que genera el territorio en reclamación”, aseveró.
Irán a la calle para explicar
HERNÁN LUGO-GALICIA
Los aliados, junto con el PSUV, irán a la calle a explicarle a la gente la situación con Guyana. El Movimiento Revolucionario Tupamaro giró instrucciones a la dirigencia para que se movilice en los 23 estados y en Caracas “en rechazo a la intromisión de Estados Unidos en territorio venezolano”, informó el secretario general del MRT, José Pinto.
Dijo que, desde Estados Unidos, Guyana y Colombia promueven una confrontación bélica: “El presidente guyanés (David Granger) dio unas declaraciones extremistas para provocar. La oposición no puede actuar como hizo con el decreto de Barack Obama: o apoyan el país o se quitan las máscaras. El MAS fijó posición antinacional, en lugar de salir en defensa de la patria”.
El diputado del PSUV Jesús Faría criticó que Guyana negociara la explotación petrolera con Exxon Mobil y una empresa china que es socia de Pdvsa. “Ese acuerdo es ilegal, así sean aliados nuestros o no. No lo puede hacer, según el convenio de Ginebra de 1966. ¿Qué pasará con la empresa china? Cualquiera que esté involucrada en acto que violente la norma internacional e intereses del país tiene que someterse a las leyes nacionales o internacionales. Al frente está la Exxon con una actitud revanchista”.
Ilenia Medina, secretaria de organización de PPT, propone que la zona en disputa sea llamada Guayana por formar parte de la extensión de lo que es hoy el estado Bolívar.
El coordinador de Tribuna Popular, del PCV, Carlos Aquino, plantea que el gobierno solicite la mediación del Caricom, entre otros foros mundiales, para una salida pacífica y un encuentro directo con Guyana.
SOFÍA NEDERR
El Nacional
