Venezuela rechazó este viernes «categóricamente» que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le haya solicitado abstenerse de celebrar elecciones en el territorio del Esequibo -en disputa con Guyana-, lo que planea hacer el gobierno venezolano en los comicios del próximo 25 de mayo, y reiteró que no reconoce la jurisdicción del tribunal en este conflicto.
EFE
En un comunicado, el Gobierno de Nicolás Maduro calificó como «abusivas e intervencionistas» las medidas provisionales solicitadas por Guyana al órgano judicial de la ONU -que se declaró competente para pronunciarse sobre la controversia territorial- contra «el proceso electoral venezolano para la escogencia de las autoridades del estado Guayana Esequiba», como Caracas llama a la que considera su región número 24.
«Venezuela ratifica que, fiel a su posición histórica, no reconoce ni reconocerá jamás ni la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia ni acatará decisión alguna que emane de esta para dirimir la controversia», expresó.
La Administración chavista, que insistió en que el Esequibo -de casi 160.000 kilómetros cuadrados- es «parte irrenunciable del territorio venezolano», señaló que, en cambio, la disputa está «regida por el Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento jurídicamente vinculante que estableció la obligación de las partes de resolver» el conflicto, mediante «un arreglo práctico y mutuamente aceptable».
«Nada en el derecho internacional permite a la Corte Internacional de Justicia inmiscuirse en asuntos que son exclusividad del derecho interno de Venezuela, ni pretender prohibir un acto soberano», dijo el país caribeño, para el que no habrá «presión internacional, chantaje judicial ni tribunal extranjero» que lo haga retroceder en la defensa de la zona rica en petróleo y otros recursos naturales.
Además, exigió a Guyana «dejar de dilatar las negociaciones directas y cumplir estrictamente» el Acuerdo de Ginebra.
El presidente guyanés, Irfaan Ali, celebró la decisión de la CIJ, con la que, a su juicio, se ha demostrado «una vez más» que la postura de su país «se ajusta al derecho internacional».
