Roberto León Parilli, presidente de Anauco, advierte que el decreto de emergencia plantea una vulneración al derecho constitucional. Restricciones podrían dar paso a impuestos en movilización de dinero
Se alborotan las interrogantes por el enunciado sin detalles del decreto de estado de emergencia económica. Y es que “los ministerios con competencia económica y finanzas podrán efectuar coordinaciones con el Banco Central de Venezuela para establecer límites máximos de ingreso y egreso de la moneda de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones comerciales o transacciones financieras, restringir dichas operaciones a usos electrónicos para protección de la moneda nacional”, establece el artículo 4 del documento.
La significación choca contra la garantía de libertad económica contenida en la Constitución. Plantea una vulneración al derecho constitucional, resultando “mala noticia” para la población, advierte Roberto León Parilli, presidente de Anauco.
El temor al riesgo no es infundado, es evidente porque se “ponen límites” a la disponibilidad del dinero. El decreto acentúa “restricciones” y recuerda al ciudadano que “así como tiene límites para comprar comida, que no puede ir todo los días a comprar, que tiene el captahuellas y productos limitados, también limita la capacidad de compra”, cuestiona León Parilli. “Terrible es el decreto” pinta al escenario de “Argentina y el famoso corralito”, que cercó el uso del dinero a los usuarios.
Una posible aplicación de impuesto al débito bancario, o a transferencias financieras para ejecutar las limitaciones, no es medida nueva en revolución. Las entidades bancarias tienen los sistemas para acatar la orden, sea diario, mensual o en dirección a la directriz ministerial. “Los mecanismos técnicos existen y el ordenamiento existe con el decreto”.
Para Manuel Rodríguez Mena, experto en economía, el artículo y el contenido en general del decreto “está encaminado a aumentar con rigor el control de los agentes económicos privados”. Tiene por “objetivos” lavarle las “culpas que tiene el Gobierno y PSUV de la crisis” y fortalece el “carácter autoritario de la ejecución del modelo” que inició el presidente Hugo Chávez.
En primera fase se ideó la intervención y expropiación de bienes de producción para “destruir” y ahora va hacia la segunda etapa, “construir la economía socialista”. Y en medio del escenario, gira la “trampa” que pretende enlodar a la Asamblea Nacional, al ser la institución que legislará sobre la normativa presentada por el Ejecutivo.
Rodríguez Mena rechaza la imposición de impuestos en tiempos de “contracción” económica, escasez, caída de la producción e inflación, y más cuando parte del origen del desbalance de la demanda y la oferta de bienes apunta a la emisión de dinero “inorgánico sin tener respaldo”. Recalca que “los impuestos son instrumentos coactivos del desempeño económico”.
El diputado José Guerra señala que los “límites” a las operaciones es “clavar la estaca final en el corazón del aparato productivo”, contraído desde hace años por la política bajo visión “errada y anacrónica de la economía”.
Fuente: La Verdad
Yasmín Ojeda / Maracaibo / web@laverdad.com
