Que el Gobierno rechace el comunicado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dirigido a Venezuela es una forma de ocultar que luego de los comicios del 14 de abril está utilizando «la represión y la violación de los derechos humanos como política sistemática» para discriminar a la disidencia, opinó el presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.
En la carta, la CIDH pide al Estado que investigue las muertes y agresiones tras las elecciones y que garantice la seguridad de la población. El presidente Nicolás Maduro opinó que con esa solicitud la «desprestigiada» organización arremetió contra la democracia.
El órgano de la OEA hace la solicitud tras evaluar la información que le pidió al Ejecutivo Nacional sobre los hechos. «El Gobierno no puede negar las inconsistencias y eso es grave.
La fi scal general (Luisa Ortega Díaz) hablaba de un número de asesinatos, la ministra Iris Varela de otro número, mientras que las organizaciones no gubernamentales manejaban otra cifra.
Esa diferencia numérica trae incredulidad y preocupación en los organismos internacionales», expresó Romero.
Aclaró que el Estado venezolano forma parte del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y debería presentar la información que le exige la CIDH, en lugar de pretender desprestigiar la organización.
Romero opinó que el silencio sólo busca ocultar el trato que se le dio a la disidencia y detalló que los abogados del Foro Penal atendieron a 195 jóvenes que fueron detenidos de forma arbitraria y agredidos por las autoridades tras el 14-A. Aseguró que la Fiscalía conoció esas agresiones y negó la posibilidad de realizarles exámenes forenses a esas personas, por lo que el Foro Penal llevó la denuncia a la Corte Penal Internacional de La Haya.
El abogado dijo que ante la situación de la justicia en el país los órganos internacionales de los derechos humanos son las únicas instancias con las que cuentan las víctimas para presentar sus denuncias.
Romero confi ó en que habrá justicia: «El Gobierno puede rechazar la CIDH, pero todas las organizaciones de protección a los derechos humanos tienen un convenio con la Corte Penal Internacional de La Haya. Ese comunicado no sólo es escuchado, sino que puede ser parte de una investigación a los que violan los derechos humanos en el país».
Criminalización. Rafael Veloz, integrante de la dirección nacional de Voluntad Popular, criticó las detenciones «arbitrarias e inconstitucionales» del Gobierno tras las elecciones, especialmente el caso del miembro de ese partido, el general Antonio Rivero.
Lamentó que exista impunidad en el país cuando se trata de la persecución del delito, de la corrupción, pero que se utilice la administración de la justicia «para la criminalización de la protesta».
Explicó que la sentencia de Rivero lo acusa de «instigación pública al odio y asociación para delinquir», un delito establecido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
«Dicen que Voluntad Popular y uno de sus agentes, Antonio Rivero, forman parte de una organización delictiva internacional», agregó.
Luis Salamanca, abogado y politólogo, criticó que se atribuya el carácter de delincuente a un ciudadano que ejerce sus derechos políticos. «Eso signifi ca torcer el sentido de la legalidad penal», dijo.
Opinó que el sistema democrático está siendo concientemente distorsionado para reducir a la oposición. «Nunca ejercer un derecho puede ser un crimen», expresó.
Voluntad Popular pidió la asistencia de la Cruz Roja Internacional para Rivero./YG
Fuente:El Nacional
