El crecimiento que ha registrado la nómina del sector público ha impactado en las cuentas fiscales. Los fondos programados en el presupuesto de 2013 para salarios y pensiones han resultado insuficientes y a largo del año se han tenido que gestionar créditos adicionales.
En la asignación ordinaria se contemplaron para los sueldos y beneficios de los trabajadores de la administración central así como para las pensiones 86 millardos de bolívares, pero ante los compromisos que han surgido en el ejercicio, se ha aprobado un gasto adicional de 60,1 millardos de bolívares.
Por lo tanto, en lo que de 2013 el Ejecutivo nacional ya ha asignado a gastos de personal y otras obligaciones 146 millardos de bolívares.
Ese comportamiento que registran los pagos se asemeja al del pasado año. Al cierre de 2012 el Gobierno terminó canalizando a las obligaciones laborales un total de 203 millardos de bolívares. Ese monto incluye lo previsto en el presupuesto nacional más las operaciones extraordinarias.
Expansión
La expansión que ha tenido el sector público mediante la creación de entes oficiales, misiones y nacionalizaciones de empresas ha generado costos.
En 1999 el Gobierno se planteó una revisión del tamaño del Estado, sin embargo, ello no se materializó y con el tiempo el número de ministerios creció para llegar a 32 actualmente, lo que ha implicado la contratación de más personal.
Luego en 2007 la nómina se disparó con las expropiaciones y nacionalizaciones de empresas. Esa mayor cantidad de personal ha supuesto un gran desembolso de recursos por parte del Estado. Y a esta situación se ha sumado el impulso de un modelo económico con nuevas formas productivas y cuyos pagos a los trabajadores están sujetos a los desembolsos del Gobierno central.
Por ese crecimiento que ha registrado el Estado, al cierre de junio de este año la nómina de empleados y obreros en el sector público ascendió a 2,76 millones de personas, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).
A la par en que el número de empleados crece, cada año se realizan ajustes de salarios y pensiones, que no se presupuestan, y que se deben cubrir con operaciones extraordinarias, lo que también impacta al fisco nacional. Este año el aumento del salario mínimo oscila entre 38 y 45%, y a ello hay que sumar la revisión del tabulador del sector público.
Además del número de empleados, la cantidad de pensionados ha subido hasta 2,4 millones de personas, y ese incremento de los beneficiados ha obligado a gastar más.
Recientemente, los diputados de la Asamblea Nacional dijeron que el Gobierno se ha planteado una reforma fiscal, que no solo abarcaría la búsqueda de ingresos para el próximo año, sino también una revisión del gasto, pero en este ultimo aspecto los miembros del Ejecutivo Nacional no han podido lograr consenso por el tema de la nómina del sector público.
En un contexto en el cual los pagos laborales generan fuertes cargas, el Gobierno aún tiene compromisos que atender.
Tanto en la administración central como en las empresas estatales están pendientes las discusiones de los contratos colectivos. Ya en mayo el Presidente Nicolás Maduro sugirió reconfigurar la estructura de las convenciones bajo una «metodología revolucionaria».
Fuente: El Universal
