Esta es la primera vez que un Gobierno enfrenta tres mociones de censura en un mismo día.
El Gobierno francés salvó este lunes su continuidad tras superar tres mociones de censura, dos de la izquierda y otra de la extrema derecha, pero dejó patente que su falta de mayoría absoluta en las cámaras le mantiene en situación de debilidad.
La primera moción presentada por la izquierda obtuvo 239 apoyos, a 50 de la mayoría absoluta que habría obligado al Ejecutivo a dimitir, mientras que la de la ultraderecha recabó 90.
La censura al Gobierno fue presentada después de que la primera ministra, Elisabeth Borne, recurriera a finales de la semana pasada a un mecanismo constitucional para aprobar los presupuestos de 2023, que de esta forma quedan aprobados.
La tercera de las mociones, también a cargo de la izquierda, fue presentada por la decisión gubernamental de forzar la adopción sin voto de las cuentas de la Seguridad Social. Fue rechazada solo con 150 votos, los de los partidos que la presentaron.
Si el rechazo de las tres mociones era bastante previsible, lo fue menos que la líder ultraderechista Marine Le Pen anunciara su respaldo a una de las presentadas por la izquierda, maniobra que algunos analizaron como un intento de lavar más la cara de su partido.
Le Pen confesó que la situación “crítica” que vive el país justifica que se dejen a un lado las diferencias ideológicas que mantienen con la izquierda y afirmó que no teme las amenazas de disolución de las cámaras y convocatoria de legislativas lanzadas por el presidente, Emmanuel Macron, en caso de censura al Gobierno.
Esa maniobra dejó al Ejecutivo a expensas de los votos de los 62 parlamentarios del grupo conservador moderado Los Republicanos, quienes a vista de las encuestas, son los menos interesados en regresar a las urnas.
Ese grupo, inmerso en un profundo proceso de renovación y en busca de un nuevo líder tras la debacle de su candidata Valérie Pécresse en las presidenciales de abril, ya había anunciado que no respaldaría ninguna de las dos mociones de censura, pese a las diferencias que mantiene con el Gobierno.
Ahora, más que nunca, Macron debe contar con esos diputados para avanzar, tras haber perdido la mayoría absoluta en las legislativas de junio.
Una situación que le impidió obtener respaldo suficiente para sacar adelante las cuentas del año próximo, lo que le obligó a recurrir al mecanismo constitucional que abrió las puertas a las mociones de censura.
Gobierno sin mayoría, y sin alternativas
El Ejecutivo de Borne se sostiene en una inestable mayoría y sobrevive por la división que reina entre los grupos de la oposición.
Ese fue, precisamente, el argumento que utilizó la primera ministra, que criticó a la izquierda y a la extrema derecha por “buscar la inestabilidad a costa, incluso, de diluir sus diferencias ideológicas”.
“Su único punto en común es que buscan el fracaso del Gobierno”, dijo la jefa del Ejecutivo, que justificó la aprobación de las cuentas del año próximo por la necesidad de dotar al país de un presupuesto en un momento de crisis.
“Quienes voten la censura están en contra de limitar la subida de la electricidad, de revalorizar el sueldo de los maestros, de invertir en nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía, de exponer a las clases más desfavorecidas y debilitar a las clases medias”, señaló Borne.
A cambio, agregó, la izquierda y la extrema derecha “solo proponen un inverosímil Gobierno en el que se sentarían juntos diputados que no comparten nada”.
La primera ministra defendió el presupuesto, que no supone una subida de impuestos ni un incremento del déficit, aseguró que protege a los franceses frente a la inflación y negó que se haya elaborado sin diálogo, puesto que antes de sacarlo adelante sin voto hubo una semana de debates en la Cámara Baja.
Borne afirmó que algunas de las enmiendas adoptadas durante ese tiempo han sido agregadas, algunas incluso de grupos de la oposición, de todos los grupos menos de la extrema derecha.
Entre abucheos citó algunas de esas enmiendas, un centenar que, en total, supondrán un gasto suplementario de unos 800 millones de euros.
EFE
