El gobierno de Nayib Bukele es acusado de pactar una reducción en el número de asesinatos a cambio de mejores condiciones para los pandilleros presos y beneficios para quienes estaban en libertad.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Agencia Bloomberg
Poco antes de que la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador lo retirara de su cargo en mayo de este año, el fiscal Raúl Melara llevaba una investigación contra varios funcionarios del gobierno de Nayib Bukele por haber sostenido negociaciones clandestinas con las pandillas del país. ¿El objetivo de estas? Pactar una reducción en el número de asesinatos a cambio de mejores condiciones para los pandilleros presos y beneficios para quienes estaban en libertad. Todo esto fue revelado por el medio El Faro, que logró acceder a parte de la investigación conducida por Melara.
Las pandillas que hicieron parte de las negociaciones, según los documentos, fueron la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, todas consideradas como agrupaciones terroristas por la legislación salvadoreña.
No es la primera vez que sale a la luz información sobre las presuntas negociaciones clandestinas de Bukele con las pandillas del país. En septiembre de 2020, El Faro publicó una investigación sobre los acercamientos entre ambas partes, la cual condujo a una operación en varias cárceles realizada por la Fiscalía. En esta se encontró que las negociaciones no solo contaban con la participación de la MS-13, sino de las otras dos pandillas mencionadas.
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Según la investigación, los líderes de las facciones de Barrio 18 habrían recibido visitas de varios funcionarios públicos dentro de prisión. Dichas visitas irregulares de los funcionarios del gobierno de Bukele, dentro de los que se incluyen miembros de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, fueron autorizadas por Osiris Luna, director de Centros Penales de El Salvador. El Faro divulgó una fotografía que muestra a Luna guiando a un grupo de encapuchados, que serían funcionarios del gobierno, por los pasillos de un penal en el que se encontraban líderes de la MS-13.
Las pandillas habrían redactado un pliego con 19 peticiones, dentro de los que destaca la mejora en las condiciones de vida para pandilleros en libertad y sus familias, mejoras en los centros penitenciarios y una limitación para el ejercicio de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército.
¿Cómo se intentó esconder la evidencia?
Según la investigación de la Fiscalía, personal de la Dirección General de Centros Penales retiró discos duros de computadoras en los que se encontraban videos de los funcionarios del gobierno que entraban y salían de las cárceles tras sus encuentros con los pandilleros. También se llevaron docenas de libros de novedades en los que se registran los ingresos a las cárceles. El Faro realizó las primeras denuncias de estas actividades, lo que causó que varios periodistas de estos medios fueran perseguidos, vigilados e intimidados.
“Todo apunta a que el Gobierno sabía que este medio investigaba las negociaciones con los pandilleros. Tanto así que, el 1 de septiembre, dos días antes de la publicación, y previo a que los periodistas llamaran a cualquier fuente de Gobierno para pedir sus explicaciones, el presidente Bukele tuiteó a las 11:16 de la noche: ‘De seguro los del ‘periodismo incómodo’ estarán preparando alguna cortina de humo, para sacar del fango a una de sus plumas pagadas. Hoy no duermen, dándole a las teclas. Que feo ha de ser autodenominarte periodista y acusar a los demás por dinero. Siendo una basura (sic)’”, señaló El Faro en su más reciente investigación.
El gobierno de Bukele no se ha pronunciado sobre estas nuevas revelaciones.
EE
