El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner negó este miércoles que tenga la intención de intervenir el influyente diario Clarín, de uno de los mayores grupos mediáticos de América latina y en el que el Estado posee 9% de las acciones, a menos de seis meses de cruciales elecciones legislativas.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, calificó la versión de la intervención del periódico como «otra vergüenza y una falta de respeto a la gente», reveló AFP.
«A poco de caminar va a quedar demostrado que esas versiones son una payasada, una gran mentira, de las tantas que nos tienen acostumbras desde algunos medios» de comunicación, dijo Randazzo en rueda de prensa.
De su lado, el senador oficialista Aníbal Fernández dijo al ser consultado por radio La Red que «estupideces no voy a contestar, porque si no, le doy entidad a un rumor que alguien inventó».
El Estado cuenta con alrededor del 9% del paquete accionario del Grupo Clarín, al que accedió tras la reestatización del sistema de jubilaciones privadas en 2008, un sector en el que el grupo tenía participación.
«¿Cuántos medios hemos intervenido desde el 25 de mayo de 2003 (cuando asumió la presidencia el fallecido Néstor Kirchner, 2003-2007) Y mire que han dicho barbaridades del Gobierno», respondió irónico Fernández, exjefe de Gabinete y vocero habitual del gobierno.
Las versiones sobre la supuesta intervención del diario circularon luego de que un grupo de diputados oficialistas presentara la semana pasada un proyecto para expropiar 24% de las acciones de la empresa Papel Prensa, el único proveedor de papel para diarios de Argentina.
El paquete accionario de Papel Prensa está dividido entre Clarín (49%), La Nación (22,49%) y el Estado nacional (27%) y 1% de accionistas minoritarios.
En un editorial en el diario La Nación, también crítico del gobierno, el periodista Joaquín Morales Solá señaló el domingo que «el Grupo Clarín podría ser intervenido en las próximas horas y parte del paquete accionario de Papel Prensa sería confiscado en pocas semanas».
Varios legisladores opositores se hicieron eco de la denuncia sobre la presunta intervención del Grupo Clarín, el poderoso multimedios con el cual Fernández de Kirchner mantiene una fuerte pulseada por la aplicación de una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales, que se dirime en la justicia.
Ante los rumores, los trabajadores del diario se manifestaron en una asamblea «en defensa de todos los puestos y condiciones laborales ante cualquier amenaza interna o externa», y rechazaron «ser variables de ajuste de una pelea que nos excede».
En medio de las versiones, el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri (de derecha), firmó el martes un decreto que, según dijo, busca garantizar la protección de periodistas y medios de comunicación en su jurisdicción, donde tienen su sede la mayoría de los medios de alcance nacional.
Macri, quien se perfila como presidenciable para 2015, denunció «una aceleración del plan nacional de hostigar y silenciar a los periodistas y los medios independientes que quedan» en Argentina.
La controversia se produce a menos de seis meses de cruciales elecciones legislativas, coincidentes con la mitad del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que finaliza en 2015.
El Gobierno tiene la mayoría en ambas Cámaras del Parlamento.
El decreto de Macri que contempla la conformación de un fuero especial dentro del Poder Judicial capitalino, para tratar los temas de libertad de prensa, aún debe ser refrendado por la Legislatura (Parlamento comunal).
Según el abogado constitucionalista Roberto Boico, el decreto de Macri es «inviable» ya que «pretende sustraerse de la autoridad federal creando una suerte de inmunidad (en la capital) de los medios de comunicación». /JM
Fuente: El Universal
