El sector social no siente la eficiencia usada para el control del orden público
El gasto público en represión se vuelve ironía cuando se invierte en negarle a la ciudadanía la posibilidad de exigir públicamente su derecho a la vida, a la alimentación o a la educación.
Esto, en una ciudad donde 300.000 personas no tienen acceso al agua potable y 1.500.000 siguen viviendo en barrios. Una urbe donde se estima un déficit de 177.000 viviendas nuevas, de tres o cuatro plantas de transferencia de residuos sólidos y de siete metros cuadrados de espacio público por habitante para cumplir con los estándares internacionales.
Estas estimaciones hechas por la asociación civil Por la Caracas Posible contrastan con la energía que ha puesto el gobierno central en impedir la continuidad de las manifestaciones.
Nada más el miércoles pasado se recogieron 840 restos de bombas lacrimógenas en la entrada Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela (UCV), después de que la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana (PNB y GNB) frenaran el paso de una manifestación que se dirigía a la Defensoría del Pueblo. El arsenal usado valdría 10.080 USD (si se calcula el costo unitario de la bomba a 12 USD (un promedio de su precio), y equivaldría al salario mínimo mensual de 35 personas despilfarrado en apenas 40 minutos.
La Ley de Presupuesto de 2014 destina 1,6% de su totalidad (Bs 9.208 millones) a la adquisición de materiales y equipos de orden público, seguridad y defensa, así como a reparaciones y mantenimiento de estos. Es más del doble de los estipulado para el sector vivienda en 2014 (Bs 4.252 millones).
Y aunque la inversión para los sectores sociales sea visiblemente mayor, el descontento generalizado que devino en protestas a nivel nacional indica que hay algo que el Estado no está haciendo bien.
Ejemplo de ello es el gasto que se ha hecho en el sistema de salud Barrio Adentro, que de acuerdo al mismo gobierno ha atendido el control prenatal de tres cuartas partes de las embarazadas del país, mientras la mortalidad materna ha aumentado a 70 por cada 100.000.
De acuerdo a José Félix Oletta, exministro de Salud, esto representa un retroceso de 35 años para el país y hace imposible el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), firmados por Venezuela en la Organización de Naciones Unidas, y que comprometen al país a reducir ese índice a 14 por cada 100.000.
En el presupuesto nacional de 2014 se encuentran otras inconsistencias. Transparencia Venezuela destaca el incremento de funcionarios policiales en 367%y la simultánea reducción del gasto en el fortalecimiento de la PNB en 23%.
Juventud desamparada
Para Fredery Calderón, presidente de la asociación civil Por la Caracas Posible los jóvenes tienen mucho por qué luchar y poco que perder. «Ellos están fuera de la atención del aparato del Estado, pero además salen a la calle a exigir sus derechos y quienes deben responderles se ponen en su contra», lamenta.
Considera que los servicios estatales dirigidos a las personas con edades comprendidas entre los 12 y los 25 años están abandonadas. Desidia que contrasta con el andamiaje exhibido por las fuerzas represivas en el último mes y medio.
Como las principales aristas del descuido destaca la mala calidad de la infraestructura educativa, el déficit de docentes especializados, la falta de políticas de atención a la sexualidad para prevenir el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual y la ausencia de una agenda recreativa, deportiva y cultural constante para todos los jóvenes. «El aparato del Estado debe estar al servicio de la prevención. Puede parecer más costoso brindar todo un sistema de protección al adolescente, pero es el mismo Estado el que estaría ahorrando en represión policial y cárceles, que vienen atadas al abandono de la juventud».
Calderón también justifica la reciente molestia estudiantil en la pérdida de permeabilidad social que considera perdida desde los años 90. «Estamos perdiendo el bono demográfico de fuerza laboral porque los jóvenes no ven el producto de la profesionalización. Para que un recién graduado se compre hoy día un carro necesita guardar cuatro años de salario sin consumir un bolívar ¿Cómo no van a salir a protestar? Se les están cerrando todas las posibilidades». Queda del gobierno asumir un rol activo, antes que represivo, en la solución de tan básicas exigencias.
Fuente: EU
Elisa Vásquez
