Trinidad y Tobago prepara la deportación masiva de migrantes indocumentados venezolanos. Antes, Venezuela suspendió sus acuerdos energéticos con ese archipiélago caribeño. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, trató a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de «alcahueta propulsora de la guerra». Y la acusó de convertir el territorio trinitario en «un portaaviones» de Estados Unidos.
Venezuela y Trinidad y Tobago están separadas por una pequeña bahía, que en su punto más angosto tiene solo 11 kilómetros de ancho. El detonante de esta crisis fue el buque de guerra estadounidense USS Gravely, que atracó en Puerto España para ejercicios militares, y que forma parte de la flota desplegada en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico en la región, para las que EE. UU. se ha dicho dispuesto a operar también en tierra.
El Gobierno venezolano denuncia que EE. UU. busca derrocarlo, en «una guerra por el petróleo y por el gas«. Y dijo haber desmantelado una supuesta «célula criminal» vinculada a la CIA, que buscaba atacar el USS Gravely e incriminar a Caracas.
¿Petróleo, gas o geopolítica de EE. UU. en el Caribe?
«El objetivo norteamericano no tiene que ver con el petróleo o el gas, es una cuestión exclusivamente de orden geopolítico», asegura a DW Alberto Cisneros, CEO y presidente de Global Business Consultants (GBC), una firma especializada en outsourcing estratégico para el sector petróleo y gas en América Latina. «El mercado norteamericano está completamente saturado con su propia producción», explica, en referencia al gas y petróleo de esquisto (shale gas y shale oil).
Venezuela -como Colombia o Cuba- es un país caribeño muy cercano a la Florida, sobre el que un actor global como EE. UU. busca recuperar «control», erradicando además la influencia rusa, china o iraní en el país, observa Cisneros, doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
¿Cuál es el acuerdo suspendido por Venezuela?
El acuerdo fundamental ahora afectado por la suspensión de Maduro tenía como objetivo desarrollar Campo Dragón, «un campo de gas que aún no ha producido ni una sola molécula de gas», explica a DW Oswaldo Felizzola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente de la escuela de negocios IESA, en Caracas.
El campo está «100 por cien en aguas venezolanas», a unos 50 kilómetros de la costa oriental, precisa Felizzola. Pero requiere una «explotación costa afuera», que Venezuela no está en condiciones técnicas de asumir. El acuerdo preveía que la multinacional británica Shell, con una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que la exime de sanciones de EE. UU., evaluara llevar ese gas a Trinidad y Tobago, con inversión de Shell y Trinidad y Tobago (a través de NGC, su Compañía Nacional de Gas).
El archipiélago, con unos reservorios de gas muy antiguos, una producción en declive y una total dependencia del gas para su generación de electricidad (del 99,5 por ciento en 2023), tiene las instalaciones adecuadas para recibir esta materia prima, cuyo yacimiento está además «muy lejos» de la red nacional de gas venezolana, detalla Felizzola.
No obstante, para aprobar su explotación sin que le afectaran las sanciones, el Gobierno de Donald Trump impuso como condición que la petrolera venezolana PDVSA no recibiera ingresos en metálico, sino solo en especies. En este caso, Venezuela recibiría parte del gas producido, recomprimido y envasado por Trinidad y Tobago en esferas. Venezuela no tiene cómo consumir ese gas sin hacer grandes inversiones, aclara el experto, pero aspiraba a comercializarlo.
Para ello, aún afrontaba otro obstáculo, agrega el ingeniero venezolano Felizzola: la petrolera estadounidense ConocoPhillips demandó al Gobierno de Trinidad y Tobago embargar toda la producción de gas que le provea PDVSA, con el fin de pagar las deudas de la empresa venezolana con esa petrolera estadounidense.
Venezuela o Trinidad y Tobago: ¿quién pierde o gana?
La medida venezolana de suspender acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago da un portazo a una de las dos únicas exenciones autorizadas bajo el Gobierno de Trump para operar en Venezuela, pese a su política de sanciones totales contra el país, advierte el consultor Cisneros. Una es la de Chevron, que sigue produciendo y exportando petróleo exclusivamente al mercado norteamericano, pagando a PDVSA con una cuota de esa producción; y la otra es la de Shell en Campo Dragón, ahora afectada por la suspensión del acuerdo anunciada por Maduro.
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