Este domingo la organización no gubernamental FundaRedes, defensora de derechos humanos, emitió un Comunicado para exponer su preocupación por lo que está sucediendo en el Catatumbo, región ubicada en el noreste del departamento del Norte de Santander, en Colombia.
Como es de conocimiento publico en esta región colombiana los mas recientes enfrentamientos entre irregulares del ELN y disidentes de las FARC han cobrado la vida de mas de 80 civiles y han provocado el desplazamiento forzado de al menos 5 mil personas, muchas de ellas hacia los estados venezolanos de Zulia y Táchira.
En el documento, publicado en las redes sociales de la ONG, se lee: ‘Urge una respuesta conjunta de Colombia y Venezuela para proteger a la población civil».
FundaRedes es una organización no gubernamental dedicada a la promoción y defensa de derechos humanos y que trabaja y documenta hechos relacionados al medio ambiente, la educación y la violencia en zonas fronterizas.
«La organización expresa su profunda preocupación por la escalada de violencia en el Catatumbo, Colombia, y su impacto en Venezuela. El desplazamiento forzado de familias hacia Zulia y Táchira aumenta, exponiéndolas a un entorno de inseguridad constante», indica el documento.
Según la ONG es urgente que Colombia y Venezuela fortalezcan la protección a la población civil y aborden las causas de esta crisis.
«La vida y derechos de las comunidades deben ser prioridad», apuntan.
Transcripcion del comunicado:
FundaRedes manifiesta su profunda preocupación ante la creciente escalada de violencia ocasionada por los Grupos Armados Irregulares (GAI) en la región del Catatumbo, Colombia. Los recientes episodios violentos han provocado un alarmante incremento en el desplazamiento forzado de población civil, una problemática con graves repercusiones tanto en Colombia como en Venezuela.
En este contexto, muchos colombianos se ven obligados a buscar refugio en el estado Zulia, particularmente en el municipio Jesús María Semprún, debido a su proximidad geográfica, así como en algunas zonas del estado Táchira. Sin embargo, los desplazados no solo enfrentan las dificultades propias de adaptarse a un nuevo entorno, sino que también quedan expuestos a la violencia endémica que ha caracterizado a esta región durante años.
La presencia de la guerrilla del ELN y de bandas criminales organizadas ha consolidado al estado Zulia, según registros de FundaRedes, como uno de los más violentos de Venezuela. Entre 2023 y 2024, se han documentado más de 299 homicidios y 129 enfrentamientos armados en la región.
En el municipio Jesús María Semprún, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha destruido campamentos presuntamente utilizados por grupos guerrilleros, lo que demuestra que esta zona no está exenta de la influencia de actores armados que operan al margen de la ley, generando un entorno cada vez más peligroso para sus habitantes.
FundaRedes ha identificado la presencia de 18 bandas criminales en el estado Zulia. En Semprún, en particular, el control territorial y la imposición de autoridad recaen predominantemente en la guerrilla ELN, representando una grave amenaza para la estabilidad y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La actual crisis en Colombia, un país que ha sufrido décadas de conflicto armado, recuerda los graves acontecimientos vividos en el estado Apure, Venezuela, durante 2021, cuando alrededor de 6,000 personas se desplazaron a causa de la violencia. Estos desplazados enfrentan no solo el trauma de la pérdida, sino también la persistente amenaza de una violencia que afecta profundamente al estado Zulia. La constante presencia del ELN y de bandas organizadas agrava aún más esta situación, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de los habitantes.
Asimismo, el estado Táchira también es un escenario donde la población de la zona fronteriza y quienes se desplazan hacia esta entidad se encuentran en riesgo permanente, debido a los altos índices de violencia, principalmente desapariciones, que colocan a esta región entre las más vulnerables del país. Solo en 2024 se han registrado 22 desapariciones.
Esta problemática trasciende fronteras y exige una respuesta conjunta. Es imperativo que Colombia y Venezuela fortalezcan sus mecanismos de protección a la población civil y aborden las causas estructurales de esta crisis.
FundaRedes ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a que Venezuela actúe como mediador en el diálogo entre el Estado colombiano y el ELN, iniciado en octubre de 2022. Esta postura se fundamenta en la evidente operación del ELN dentro del territorio venezolano, muchas veces con la complicidad de las autoridades, lo que vulnera los derechos humanos y afecta gravemente la calidad de vida de las comunidades locales.
La presencia del ELN en Venezuela convierte al país en un refugio para grupos armados, exponiendo a la población civil a un constante estado de inseguridad. FundaRedes insiste en que el Estado venezolano debe priorizar la protección de los derechos de su población y no permitir que estos grupos armados encuentren refugio en su territorio. Es fundamental que las autoridades actúen con imparcialidad y sin influencias ideológicas que perpetúen la violencia y el sufrimiento.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades de ambos países a comprometerse firmemente con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, promoviendo un diálogo constructivo que priorice la protección de los derechos humanos y la paz en ambas regiones.
FundaRedes reitera su compromiso en seguir documentando y visibilizando el impacto de la acción de grupos armados irregulares en la frontera colombo – venezolana.
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