La ONG Fundaredes denunció este lunes que más de 2.500 niños y adolescentes en el estado Amazonas pasan a Colombia para poder estudiar, teniendo que pagar hasta 20 mil pesos colombianos a la semana, sumado al “peligro inminente que corren sus vidas por el paso a riesgo” a través del río Orinoco, esto como consecuencia de la “falta de atención” del Estado venezolano.
Por medio de un comunicado de prensa publicado en su portal web, la organización destaca que debido al cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia “en el año 2020 por la presencia del Covid-19, se evidenció el aumento de los pasos ilegales en los espacios fronterizo, tomando en cuenta que muchos de los niños que viven en esta zona, tienen que trasladarse por zonas riesgosas para que puedan tener una educación digna en el hermano país”.
Lea a continuación el resto del comunicado íntegro de Fundaredes:
Mackler García, coordinador del Observatorio de Educación de Fundaredes indicó que –el estado venezolano no está cumpliendo con su tarea de brindar las mejores condiciones en materia educativa a nuestros niños, sobre todo los que están en localidades rurales y eso es su responsabilidad directa –.
Partiendo de que en Venezuela la educación va en descenso y que el estado no da garantías de estabilidad, son miles los niños que se ven en la necesidad de continuar estudios en Colombia, por ende sus padres buscan alternativas, como el caso de Dixon Dacosta representante de un niño de 9 años de la institución Antonia Santos, con una matrícula de 540 niños por lo menos 200 son venezolanos, ubicada en los alrededores del Río Orinoco, quien toma la decisión de que su hijo tenga mejores oportunidades en un país que no es el suyo.
Lanchas y canoas ponen en riesgo la vida de los niños
Gracias a la documentación que ha realizado el equipo de Fundaredes en el estado Amazonas, se pudo evidenciar que los más de 2500 niños que necesitan ir a estudiar a Colombia, ponen en peligro sus vidas al tener que cruzar, por el Rio Orinoco, a través de los llamados bongos, lanchas o canoas.
Asimismo, detalló García que son altos los costos que estos niños deben pagar para poder ir a estudiar, ya que el traslado por río ronda desde los 2 mil pesos colombianos, alcanzando como mínimo 20 mil pesos semanales ida y vuelta.
Esto trae como consecuencia el incremento en la deserción estudiantil, “por lo que el llamado es a que se respete el derecho a la educación que se está vulnerando por parte del estado, quien es el que debe velar porque en las zonas fronterizas se tomen en cuenta las necesidades y derechos de los estudiantes”.
Por otra parte el Estado venezolano ha abandonado por completo los salarios de docentes, personal de apoyo y administrativo, siendo este tan irrisorio que han dejado las aulas para sobrevivir con otras labores, ante la precaria situación que vive el país.
–Muchos de los representantes que toman la decisión de hacer sacrificios para que sus hijos continúen estudiando en Colombia, es porque dicho estado sí garantiza alimentación, salud, reconocimiento al rendimiento académico, atención médica permanente, es decir, un sinfín de beneficios que niega el estado venezolano—, afirmó Mackler García.
Finalizó resaltando que “desde Fundaredes reiteramos el llamado para que la educación venezolana sea de excelencia y que los órganos competentes tomen las acciones correspondientes, a fin de evitar que se siga vulnerando el derecho a la educación consagrado en la constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
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