Un nuevo informe realizado por FundaRedes, que lleva por nombre “El dilema de los indígenas del estado Amazonas: unirse a los GAI o ser desplazados”, refleja que en la entidad el 54% de población es indígena, y enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes debido a la incursión de grupos armados irregulares en sus territorios, lo que la ha convertido en un escenario de violencia, explotación y desplazamiento forzado.
En el reciente trabajo de campo realizado por FundaRedes en el Eje Carretero Norte y Sur del municipio Atures, se documentaron múltiples denuncias de indígenas que han sido sometidos, maltratados e incluso asesinados por negarse a colaborar con estos grupos o trabajar en las minas bajo su control.
Despojo y violencia en territorios ancestrales
La expansión de la minería ilegal ha convertido sus territorios en zonas de explotación, donde la riqueza natural se ha transformado en un foco de violencia y desplazamiento forzado, y son las comunidades del Eje Carretero, las que se han convertido en refugio para quienes huyen del conflicto, albergando a familias que han dejado atrás sus hogares invadidos por la violencia.
Las comunidades que han resistido han sido invadidas y muchas familias han huido por temor. En su mayoría, han encontrado refugio en otras comunidades indígenas cercanas, como las ubicadas en el Eje Carretero Sur, aunque ello no significa que estén a salvo. «Nos dijeron que si no trabajábamos para ellos, nos matarían», relató un indígena desplazado al equipo de FundaRedes.
Impunidad y ausencia estatal
La inacción del Estado venezolano frente a estas violaciones ha sido una constante. Desde el 2013, organizaciones indígenas han denunciado la presencia de mineros ilegales y guerrilleros en sus territorios, perpetuando hechos de violencia, sin que se tomen medidas para garantizar su protección.
Incluso las operaciones militares anunciadas por el Estado venezolano para combatir la minería ilegal no han logrado frenar el problema. Al contrario, informes como el de FundaRedes y otras organizaciones, han documentado que estas acciones han servido para reacomodar el control de las minas en lugar de erradicar la actividad ilícita.
Ante esta grave situación, FundaRedes reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y exige al Estado venezolano y a la comunidad internacional, proteger los territorios ancestrales de la minería ilegal, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas que, lejos de ser protegidas, se sumen en el abandono y la desidia.
