Un médico recomendó llevarlo a un centro de salud pero no ha sucedido
La ONG Fundaredes alertó este miércoles del deterioro de la salud de su director, Javier Tarazona. Él se encuentra en detención desde el 2 de julio de 2021 y lo acusan de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
«Desconocemos las condiciones reales de reclusión en las que se encuentra nuestro director general. Constantemente presenta nuevas patologías que van deteriorando aceleradamente su estado de salud». Así lo dijo la coordinadora del área de Documentación y Derechos Humanos de Fundaredes, Clara Ramírez.
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Javier Tarazona
En un video que publicó la cuenta de Twitter de la ONG, Ramírez informó que un médico dio, recientemente, la recomendación de trasladar al activista a un centro de salud para practicar varios exámenes, pero no lo autorizaron.
«Transcurren más de 15 días desde que a Javier lo examinó un médico general y recomendó traslado a un centro médico especializado a que se le realizaran diversos exámenes. Entre ellos una endoscopia y una colonoscopia. Al día de hoy, 15 de junio, a Javier Tarazona no lo han trasladado a ningún centro médico», dijo Ramírez.
Recordó que el Estado venezolano es el responsable de los privados de libertad bajo su custodia y que debe garantizar su derecho a la salud.
«No queremos que Javier Tarazona sea el primer defensor de derechos humanos que fallece bajo custodia del Estado venezolano», advirtió Ramírez.
Desde Fundaredes insistieron en la solicitud de «libertad plena e inmediata» para el activista.
A Tarazona lo capturaron junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García en el estado Falcón. Esto cuando acudían a la oficina del fiscal de la localidad de Coro a denunciar que eran víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según informó la ONG.
No obstante, Rafael Tarazona y García fueron excarcelados el 26 de octubre, bajo el régimen de presentación.
La libertad de Tarazona, considerado la principal voz de denuncia en el conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC, fue solicitada reiteradamente por diversas organizaciones.
EFE
