La falta de comunicación entre autoridades es aprovechada por el crimen organizado en pasos ilegales
Los 2.219 kilómetros de frontera terrestre con Venezuela no solo se caracterizan por su porosidad, esto es, por el sinnúmero de pasos informales. Cada vez más, conforme se fueron deteriorando las relaciones con el país vecino hasta llegar al punto muerto actual, en el que no hay contacto de ningún tipo entre Bogotá y Caracas, esta larga línea imaginaria se ha convertido en surco en el que germinan todo tipo de actividades económicas ilegales y conductas delictivas que van desde la extorsión hasta delitos sexuales contra las mujeres.
Como lo mostró el trabajo periodístico de este diario El Tiempo sobre el terreno, y publicado el domingo, esta dura realidad tiene un impacto enorme y a diferentes escalas. Perjudica, y mucho, a quienes habitan la zona fronteriza, que, como la mayoría lo ha hecho toda la vida, con frecuencia tienen que pasar de un lado al otro; a los migrantes y, en general, a toda la ciudadanía –la de Colombia y la de Venezuela–, que ve crecer la amenaza del crimen organizado que se nutre del actual estado de cosas en el área limítrofe. Es claro, a su vez, que las facilidades que encuentran las diferentes organizaciones criminales colombianas en esta área, sobre todo en cuanto tiene que ver con el repliegue estratégico una vez cruzan el río Táchira, fueron un factor que jugó a favor de los autores del atentado contra el presidente Iván Duque el pasado 25 de junio.
Es lamentable constatar cómo la imposibilidad de cruzar a través de los pasos que históricamente han servido para tal fin, a los miles de personas que a diario deben pasar de un país a otro no les queda más remedio que acudir a las trochas. Pasos informales que están bajo el control de dos organizaciones: el ‘Tren de Aragua’ del lado colombiano y, paradójicamente, el Eln del lado venezolano. Estos grupos armados se lucran de manera infame de la necesidad de las personas, cobrando por utilizar los mencionados caminos, pero también por permitir el paso de todo tipo de mercancías, incluido, desde luego, el contrabando. Como lo contó el reportaje, sus ganancias pueden ser de hasta 80 millones de pesos diarios, y las disputas entre ambos son pan de cada día.
Evaluar algún canal de interlocución en la frontera, sin avalar el infame régimen de Maduro, puede ser factible para combatir a los criminales.
Como si se tratara de una pareja que ha roto por completo el diálogo para desgracia de los hijos, el que hoy no haya posibilidad alguna de que las autoridades de lado y lado trabajen de manera coordinada es un hecho fatal para colombianos y venezolanos de a pie, y una dicha para el crimen. De ahí que sea necesario plantear la necesidad de que, por lo menos para efectos meramente prácticos y operativos, algún tipo de interlocución se establezca entre autoridades de cualquier orden, incluso local.
Sin que signifique, de ninguna manera, avalar el infame régimen de Nicolás Maduro y, tal y como otros países como el mismo Estados Unidos comienzan a hacer, la presión diplomática para que haya un relevo en Miraflores y un alivio para el bravo pueblo, no tiene por qué excluir establecer canales de comunicación en la zona de frontera que, ojalá, en un futuro no muy lejano permitan una apertura bilateral de los pasos fronterizos. Será un alivio que merece una población que ya harto ha sufrido.
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