El gobierno francés decidió regular la actividad y el negocio de los influencers para establecer una serie de derechos y obligaciones, proteger sus derechos intelectuales, pero también de los seguidores en tanto que consumidores.
El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que, con vistas a la preparación de esa regulación, lanzó el domingo una consulta pública en línea hasta el 31 de enero para que los que quieran se manifiesten sobre 11 medidas agrupadas en cuatro grandes temas.
Se trata por una parte de dar una definición legal del influencer como creador de contenidos y de sus agentes, así como de sus derechos y obligaciones, precisó el Ministerio en un comunicado.
También de imponer un contrato escrito y una serie de obligaciones establecidas entre estas figuras públicas y las marcas o las agencias con las que trabajan.
El segundo eje es el de la propiedad intelectual, con la idea de crear un sitio de información para los profesionales del sector y protegerlos.
Para la protección del consumidor, la idea es reforzar las obligaciones de las plataformas digitales o la creación de una «guía de buenas prácticas» y una página web dedicada a los creadores de contenidos.
En cuanto a la gestión del sector, se sugiere la idea de crear una marca de reconocimiento o promoviendo la constitución de una federación profesional.
En paralelo a esta consulta pública, ocho grupos de trabajo entre el departamento de Economía y Finanzas y diferentes profesionales analizarán en enero y febrero los cuatro grandes temas con la idea de «poner en marcha medidas justas, proporcionadas, protectoras de la creatividad y que respeten los derechos de los consumidores».
Para su titular, Bruno Le Maire, los 150.000 creadores de contenido que hay en Francia constituyen «una formidable fuente de creatividad y de riqueza cuando las reglas son claras y conocidas».
Y partiendo de que la actividad de los influencers «representa una oportunidad de desarrollo personal y profesional, Le Maire considera que su papel es «acompañarlos correctamente, sin hacer pesar obligaciones desproporcionadas al sector».
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