La fracción parlamentaria de Voluntad Popular se dirige a los venezolanos, para rechazar la propuesta de “cierre técnico” de la legítima Asamblea Nacional, dada a conocer el día de ayer por la presidenta de Primero Justicia.
La decisión de la Junta Directiva de Primero Justicia es una cesión ante el aumento de la presión del régimen de Nicolás Maduro, para que a través de las negociaciones de México se le dé acceso a recursos recuperados del Estado. Ello, como consecuencia de su crisis de gobernabilidad interna, las luchas entre mafias en PDVSA (Caso: Tareck El Aissami, por ejemplo) y los deplorables datos económicos del último año.
Lamentamos que la presidenta de Primero Justicia plantee hoy la misma medida que Nicolás Maduro impuso a la legítima Asamblea Nacional en 2016. Dígase, la cobarde asfixia del parlamento por vía de la negación de su presupuesto mínimo de funcionamiento. No llega a proponer el cierre formal de la instancia, pero sus palabras disfrazan un cierre técnico, que afectaría incluso la constitución del órgano.
Asimismo, adoptar la decisión bajo cuestionamiento resultaría perjudicial en relación al pago de los abogados de la República, que ha sido negado sistemáticamente por la jefatura política de Primero Justicia, bajo pretexto de requerir más información. No obstante, Primero Justicia lidera todas las instancias en las que estos asuntos son discutidos. Es curioso que quienes hoy aluden al principio de transparencia y reclaman más información, sean los mismos que eliminaron por vía de hecho la Contraloría Especial de la República.
Por otra parte, la no ejecución del presupuesto ya aprobado (incluyendo el visto bueno de PJ) afectará la capacidad de contratar auditorias externas (realizadas anualmente durante el Gobierno Interino); el pago del personal de “cumplimiento”, encargado de supervisar el apego a los términos de cada licencia emitida por la OFAC; así como la labor diaria de contadores, abogados internos y personal administrativo, todos indispensables para la protección de los activos. La protección de los activos no es un discurso en plaza pública, es una tarea con complejidades técnicas que no pueden ser obviadas por motivos de campaña. Eso es populismo.
En relación a CITGO, la propuesta realizada por la Presidenta de PJ es escueta y peligrosa. Nadie puede entender que se pretenda sujetar el destino de la protección de CITGO a los avatares del diálogo de México. El proceso de México tiene más de ocho meses paralizado por incumplimientos del régimen de Maduro. Es una irresponsabilidad amarrar el futuro de CITGO, a ese espacio. Y si no hay un acuerdo serio en México, ¿Qué pasa con CITGO?
Conviene recordar que la administración de Maduro está implicada en una investigación penal por corrupción, llevada a cabo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De este proceso ya hay más de 55 imputados formalmente y 100 funcionarios indiciados (ya no queda ni un funcionario indiciado dentro de la empresa, por la efectiva acción de la actual gerencia). De hecho, a la fecha se han producido las primeras condenas judiciales. Peor aún, la investigación ha sido caracterizada como la más extensa en la historia del Departamento de Justicia. Entonces, es impensable que mediante una negociación política se le devuelva CITGO a Maduro, porque eso llevaría a su inmediata pérdida judicial, incluso, como consecuencia de una más que probable acción penal contra la empresa (la legislación de EEUU sí prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas). Gran parte de esta investigación es confidencial, pero los datos aquí suministrados son públicos.
Adicionalmente, la permanencia de CITGO en manos venezolanas, depende de la viabilidad de solventar sus acreencias. Esa opción no era posible hace 4 años, porque la corporación fue recibida prácticamente en situación de iliquidez. Sin embargo, en los últimos dos años la empresa ha mostrado resultados excepcionalmente buenos y ha adquirido mayor solvencia financiera. En este sentido, se debe prever que algunas operaciones de PDVSA y su cadena corporativa puedan implicar contratos de interés público nacional (como negociaciones con ciertos acreedores, por ejemplo), que deban ser aprobados por la Asamblea Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150, 151 y 187 de la Constitución. El cierre técnico que plantea Primero Justicia haría muy difícil cumplir este procedimiento.
Queremos recordar que el funcionamiento y el desarrollo operativo de la Asamblea Nacional de Venezuela no dependen de una porción de Primero Justicia. De hecho, no depende de ningún partido político. Son los diputados quienes, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, adoptan y ejecutan las decisiones del cuerpo colegiado. La era de los “Estados-gobiernos-partidos” debe terminar.
Llama la atención que el mismo día que Primero Justicia propone la ya criticada medida contra la AN, se haya publicado un mensaje del candidato de esa tolda, Henrique Capriles, pidiendo ante distintos actores internacionales la moderación del discurso en contra de Nicolás Maduro.
La fracción parlamentaria de Voluntad Popular rechaza categóricamente ambas acciones y convoca a los ciudadanos y a los aliados internacionales a continuar firmes en la lucha por la libertad de Venezuela. Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad. No pidamos, por tanto, que se le blanquee, si no que se le denuncie.
En Caracas a los 31 días del mes de mayo de 2023.
NP
