La organización no gubernamental Foro Penal actualizó este miércoles su balance nacional, revelando un ritmo de liberaciones significativamente menor al esperado por la opinión pública. Según el registro oficial de la ONG, hasta la fecha solo se ha podido verificar la identidad de 448 personas excarceladas, una cifra que contrasta con el volumen de detenciones políticas registrado en el país.
Este balance computa las medidas otorgadas desde el 8 de enero de 2026, fecha en que la administración de Delcy Rodríguez inició el proceso tras la captura de Nicolás Maduro.
Verificación: El cuello de botella administrativo
La ONG enfatizó que su equipo de defensores mantiene un monitoreo permanente en los principales centros de reclusión (como El Helicoide, Ramo Verde y la Zona 7 de la PNB) para confirmar el estatus legal de los beneficiarios.
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El desafío del registro: El Foro Penal advierte que la falta de transparencia oficial obliga a un proceso de verificación «nombre por nombre», para distinguir entre libertades plenas y medidas cautelares que mantienen restricciones sobre los ciudadanos.
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Presos en el limbo: Se estima que cientos de ciudadanos permanecen aún tras las rejas bajo procesos judiciales cuestionados, a la espera de que las boletas de excarcelación sean ejecutadas por los directores de los penales.
Posición jurídica: La justicia no debe esperar por la política
El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, fue contundente al separar los tiempos legislativos de los derechos humanos fundamentales. El abogado destacó que el derecho a la libertad no puede ser rehén de las negociaciones políticas en la Asamblea Nacional.
«El proceso de excarcelaciones no debe detenerse bajo ninguna circunstancia. La restitución de derechos no puede estar condicionada ni subordinada a las discusiones actuales sobre la Ley de Amnistía», sentenció Himiob.
Para la organización, las excarcelaciones deben responder al cumplimiento de la ley y a la reparación de detenciones arbitrarias ya documentadas, independientemente del curso que tome el debate parlamentario sobre el perdón jurídico.
