«No solo es la prisión política el problema, es la persecución política», indicó en rueda de prensa el director de la organización, Alfredo Romero, tras explicar que hay más de 9.000 personas con procesos judiciales abiertos por haber criticado o protestado en los últimos años contra el los gobiernos chavistas
El Foro Penal, agrupación de abogados que defiende a personas consideradas prisioneras políticas en Venezuela, pidió este jueves incluir el cese de la persecución en el proceso de negociación que llevan adelante el gobierno y la oposición en México, con la facilitación de Noruega.
“No solo es la prisión política el problema, es la persecución política”, indicó en rueda de prensa el director de la organización, Alfredo Romero, tras explicar que hay más de 9.000 personas con procesos judiciales abiertos por haber criticado o protestado en los últimos años contra los gobiernos chavistas.
De esas personas, explicó, algunas han abandonado el país, mientras que otras sufren “restricciones varias”, como el tener que presentarse periódicamente ante un tribunal.
Romero sugirió a los negociadores del diálogo verificar y validar, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, cualquier información relacionada con una eventual liberación de “presos políticos”, un asunto que las partes prevén abordar en próximas conversaciones, en 2023.
“La materia de derechos humanos no puede negociarse de una manera política, sino debe partir del ser humano que está enfermo, preso, víctima de tortura”, remarcó.
Según los registros del Foro Penal, en Venezuela hay 277 personas encarceladas por motivos políticos, por lo que el abogado pidió a la oposición “no utilizar” a estos prisiones como bandera y, por el contrario, hablar sobre este asunto con la verdad, así como informar oportunamente cuando haya posibilidades de excarcelación.
Las delegaciones del Gobierno y la oposición firmaron el sábado el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, cuyo objetivo principal es recuperar recursos del Estado bloqueados en el extranjero para destinarlos a un aumento de la inversión social.
Ambas partes reanudarán las conversaciones, en una fecha hasta ahora desconocida, para debatir la ampliación de garantías electorales de cara a las presidenciales de 2024 y la posible liberación de los considerados presos políticos.
EC
