Stefania Migliorini acudió al Palacio de Justicia junto a familiares de presos políticos, quienes intentaron consignar peticiones sin obtener respuesta
Stefania Migliorini, coordinadora jurídica de Foro Penal en Caracas, acudió este martes 24 de febrero al Palacio de Justicia junto a familiares de presos políticos para solicitar ante los tribunales la aplicación de la Ley de Amnistía en favor de sus allegados. No obstante, las solicitudes no fueron recibidas por las instancias correspondientes.
Desde las afueras del recinto judicial, Migliorini aseguró que continuarán acompañando a las familias en las gestiones legales necesarias para lograr la libertad de sus seres queridos.
Por su parte, los familiares reportaron retrasos y falta de respuesta por parte de los tribunales, en medio del proceso de implementación de la normativa recientemente aprobada.
Más temprano, varios opositores excarcelados con medidas cautelares denunciaron que los tribunales de Venezuela incumplen la Ley de Amnistía al generar dilaciones y obstáculos a las solicitudes, cinco días después de la promulgación de la norma.
El exdiputado opositor Williams Dávila denunció desde el Palacio de Justicia, en Caracas, que los tribunales «no están respetando el proceso» al exigir que la Fiscalía solicite las medidas y desestimando las peticiones de individuos, pese a que la Ley de Amnistía establece que cualquier persona -o su abogado privado- puede iniciar el procedimiento.
De acuerdo con Dávila, las autoridades le indicaron que su caso depende de las gestiones de la Defensa Pública estatal, por lo que exigió que se respete el procedimiento de la ley.
El lunes 23 de febrero, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, sostuvo que la práctica de los tribunales, de no recibir las solicitudes para la Aplicación de la Ley de Amnistía, contradice tanto el carácter de orden público de la norma como el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Himiob explicó que el artículo 4 de la Ley de Amnistía establece expresamente que sus disposiciones son de “orden público y de interés general”, lo que, mencionó, implica una obligación directa para todos los órganos del Poder Público.
Colapso de tribunales en Caracas
En entrevista previa para El Diario, Martha Tineo Rodríguez, coordinadora de la organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), mencionó que durante la jornada del 23 de febrero, el Palacio de Justicia en Caracas enfrentó una paralización de actividades en los tribunales con competencia en terrorismo, lo que impidió la consignación de solicitudes de libertad por parte de defensas privadas y familiares de presos políticos.
“Ayer (23 de febrero) estuvo particularmente colapsado todo el Palacio de Justicia. No sé si esto en el transcurso de los días se irá regularizando, pero no se recibieron muchas de las peticiones particulares, sino que entiendo que las que se estarían tramitando primero son las que ha ido presentando el Ministerio Público”, detalló Tineo.
Para Tineo, el foco del conflicto se concentra en los tribunales especializados en casos de terrorismo en Caracas, ya que es allí donde se ventila la mayoría de los expedientes de detenidos por razones políticas.
Investigarán a jueces y fiscales que bloqueen Ley de Amnistía
En medio de las denuncias de retrasos, el diputado de la Asamblea Nacional, Antonio Ecarri, advirtió el lunes 23 de febrero que solicitarán investigaciones contra los jueces y fiscales del Ministerio Público que no “colaboren” con la aplicación de la Ley de Amnistía.
«Ahora no están solos, los estamos vigilando. Y vamos a vigilar también al Ministerio Público. Juez que no colabore con la Ley de Amnistía, juez que le vamos a solicitar una investigación. Igual, exactamente, a los fiscales del Ministerio Público», dijo Ecarri.
Aclaró además que la nueva normativa tiene un “efecto particular” en el caso de los militares procesados. “No es que no van a ser liberados (…) pero existen acuerdos especiales vinculados a su baja y grado militar. Vamos a revisar todos los casos”, señaló ante los medios de comunicación.
El parlamentario también mencionó que hasta el momento se contabilizan 2.104 casos que deben ser objeto de la Ley de Amnistía.