A pesar de las liberaciones que se registraron en Venezuela luego del informe que emitió la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, informó este martes que aún hay 614 presos políticos en el país.
Por medio de una infografía, la ONG detalló que 12 son adolescentes y 602 adultos, de los cuales 107 son militares y 507 civiles, 62 mujeres y 552 hombres. Romero apuntó que esta nueva actualización será enviada a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las Organización de las Naciones Unidas (ONU).
#9Julio Son 614 #PresosPolíticos en #Venezuela según lista @ForoPenal actualizada y enviada a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights para verificación y certificación pic.twitter.com/L8kgCIGPFl
— Alfredo Romero (@alfredoromero) 9 de julio de 2019
A juicio de Romero, aunque uno de los principales objetivos era la libertad de los presos políticos, no se ha logrado en su totalidad porque todavía hay quienes están injustamente tras las rejas. “No vamos a ser negativos, queremos darle una oportunidad y un nuevo plazo para que se alcancen los objetivos”.
Se conoció que al menos 22 presos políticos fueron excarcelados por parte del gabinete de Nicolás Maduro tras la visita de Bachelet, siendo los más sonados Gilbert Caro, María Lourdes Afiuni y Braulio Jatar.
“La excarcelación de 62 detenidos a los pocos días de mi visita a Caracas; la liberación de otros 22, entre ellos el periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni. Así como la aceptación de la presencia de dos oficiales de derechos humanos en el país, las entiendo como muestras de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país”, aseguró Bachelet el pasado viernes 5 de julio.
La alta comisionada hizo pública la conclusión de la crisis en Venezuela con su informe que presentó en Ginebra, el cual fue rechazado por el gobierno de Nicolás Maduro debido a que “carecía de objetividad e imparcialidad” y presenta “una visión selectiva sobre la verdadera situación de los derechos humanos”.
Este documento incluye la crisis económica de Venezuela, las muertes por falta de insumos médicos, el uso excesivo de la fuerza por los grupos policiales del Estado, las violaciones a los grupos indígenas, el incremento acelerado de la migración y la situación de los principales hospitales del país.
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