El juicio definitivo contra el Estado venezolano por la masacre de El Junquito avanza con paso firme en el ámbito internacional. Durante la audiencia formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el presidente y director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, sepultó la versión oficial del gobierno de Nicolás Maduro al presentar las pruebas definitivas que confirman que el inspector Óscar Pérez y sus seis acompañantes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales planificadas en enero de 2018.
Con un tono firme, Romero denunció que el aparato judicial venezolano operó y sigue operando como una maquinaria de encubrimiento, lo que obligó a las familias a buscar en los tribunales internacionales la justicia que se les niega en su propio país.
El ataque con lanzacohetes y los 17 videos censurados
Durante su intervención, el abogado de derechos humanos expuso las evidencias clave que forman parte del expediente acusatorio contra el Estado. Entre las pruebas más contundentes se encuentran 17 registros audiovisuales que demuestran que el grupo liderado por Pérez se encontraba completamente rendido y negociando una entrega pacífica cuando comenzó el ataque.
Romero cuestionó con severidad el uso desproporcionado de la fuerza, calificándolo como un «crimen de guerra en tiempos de paz»: un despliegue militar de más de 500 funcionarios fuertemente armados que cercaron a solo siete personas y terminaron por demoler la vivienda donde se refugiaban mediante el uso ilegal de un lanzacohetes. El jurista recalcó que los cuerpos de seguridad jamás tuvieron la intención de capturarlos con vida.
La «Operación Gedeón» y la ola de torturas sistemáticas
El director de Foro Penal alertó a los magistrados de la Corte IDH que la masacre de El Junquito no fue un hecho aislado, sino el detonante de una persecución masiva. Tras el operativo, los cuerpos de inteligencia del Estado desataron una cacería que resultó en las detenciones arbitrarias y torturas de más de 40 personas vinculadas indirectamente al caso.
«Desde 2017 hemos documentado un patrón sistemático de torturas en el país. Esta impunidad estructural en las instituciones del Estado es precisamente lo que ha servido de base para que instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) abran investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela», fustigó Romero.
El colapso judicial: Fiscalía y tribunales como cómplices
Para el Foro Penal, el caso de Óscar Pérez desnudó por completo la complicidad de las instituciones venezolanas. Romero señaló directamente a la Fiscalía General, la Defensoría Pública y los tribunales penales de actuar de forma concertada para silenciar a las víctimas, destruir evidencias y perpetuar la impunidad.
Asimismo, advirtió que la represión del Estado a través del sistema de justicia penal sigue activa, acumulando más de 19.000 detenciones arbitrarias con fines políticos desde el año 2014. Como prueba de que la persecución no ha cesado, el abogado expuso ante la Corte IDH los casos actuales de Mirlenris Benítez, Guillermarín Chaparro y Daniel Echenaguzia, presos políticos que hoy enfrentan graves trabas judiciales y la violación sistemática a su derecho a la defensa.
Al cierre de su comparecencia, Alfredo Romero agradeció la persistencia de los familiares que han resistido ocho años de amenazas y hostigamiento sin abandonar la búsqueda de la verdad. La defensa técnica espera que la próxima sentencia condenatoria dictada por la Corte IDH no solo establezca las responsabilidades penales e internacionales correspondientes, sino que se convierta en una hoja de ruta obligatoria para la reparación de las víctimas y la futura reconstrucción del poder judicial en Venezuela.
