La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, abogó este jueves porque los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sean independientes y permitan que estas instituciones sean «creíbles», tras la renuncia de los titulares de esos organismos y la designación de dos interinos afines al chavismo.
Alfredo Romero, director presidente de la organización, afirmó que Venezuela atraviesa una «profunda crisis institucional», pero que la amnistía aprobada en febrero abrió una oportunidad hacia la reinstitucionalización, importante para la renovación de la Fiscalía y Defensoría, instituciones que la ONG denuncia que se han utilizado como «instrumentos de persecución política».
«Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para precisamente no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto», señaló en una rueda de prensa.
La Fiscalía, explicó, tiene «el monopolio de la acción penal» y por eso puede cerrar o archivar casos no incluidos en la amnistía, a la par de abrir investigaciones por «violaciones a los derechos humanos» en el país.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, señaló por su parte que el país necesita una Fiscalía que «investigue con independencia» y sin ser «sumisa» a órdenes políticas, pero también una Defensoría con la misión de «ser incómoda para el poder» y así cumplir su rol de defensa de los ciudadanos.
A su juicio, este proceso de selección de fiscal y defensor pone «a prueba» a las instituciones y a quienes controlan el poder en el país, y dijo que es de suma importancia porque representa «la posibilidad real de justicia para miles de víctimas».
«Vamos a demostrar si ciertamente hay un ánimo de reconstruir al país desde la verdad, desde las normas y desde el respeto a la Constitución o si vamos a seguir otorgando cargos a personas por el simple hecho de que son leales a tal o cual proyecto político», subrayó.
El pasado 25 de febrero, una semana después de la aprobación de la Ley de Amnistía, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos afines al Gobierno, renunciaron a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente.
Saab fue nombrado como defensor del pueblo temporal, mientras que el abogado Larry Devoe ocupa el cargo de fiscal general encargado.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) anunció entonces un proceso de postulaciones para ambos cargos que cerrará mañana viernes a las 10:00 hora local (14:00 GMT).