La organización sueca Civil Rights Defenders acaba de entregar a Foro Penal el premio Defensor de los Derechos Civiles del Año 2023. «Es una parte -dice el veredicto- de la sociedad civil venezolana, que sigue siendo la mayor esperanza para una Venezuela democrática. Debido a que valientemente arriesgan su propia seguridad para defender la libertad de los demás y el acceso de todos a la justicia».
Foro Penal surgió en 2005, como punto de encuentro de personas que desde 2002 venían actuando en el campo de los derechos humanos. Cuenta con más de 400 abogados y 6.000 voluntarios en todo el país que ayudan a quienes han sido encarcelados por motivos arbitrarios. Representan a víctimas de asesinatos, torturas, tratos crueles y desapariciones forzadas por motivos políticos. Desde 2014 han atendido a más de 12.000 personas cuyos derechos han sido vulnerados por la represión política.
Reprimir, en su acepción de contener, detener o castigar, por lo general desde el poder y con el uso de la violencia, actuaciones políticas o sociales, es el verbo más y mejor conjugado, y con diferencia, por el régimen de Nicolás Maduro
En el sitio web Civil Rights Defenders se lee lo siguiente: «La situación de los derechos humanos en Venezuela se ha deteriorado significativamente desde que Hugo Chávez asumió la presidencia hace más de 20 años y ha empeorado aún más bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, con detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas y ataques contra miembros de la oposición. Los derechos fundamentales, como la libertad de prensa, expresión, reunión y asociación, se ven severamente restringidos y los defensores de los derechos humanos son hostigados sin tregua. Hasta la fecha, más de 250 presos políticos siguen encarcelados en el país, y el gobierno se está preparando para promulgar leyes aún más represivas que sofocarán cualquier esfuerzo por proteger los derechos humanos».
Foro Penal elabora cada semana un informe sobre la situación de los presos políticos (ahora mismo 280) en el país, cuyos datos son utilizados por gobiernos, medios internacionales y organizaciones de derechos humanos cuando requieren abordar a profundidad y en detalle la situación venezolana.
Raquel Sánchez, una de las abogadas de Foro Penal, que acompañó a Alfredo Romero, presidente de la organización, a recibir el premio en Estocolmo, cuenta que desarrollan su labor en un ambiente tóxico, expuestos a agresiones físicas, detenciones arbitrarias y criminalización por su trabajo. «Lo que me motiva a seguir son mis hijos. Nací en un país con democracia y mi deseo es que ellos también crezcan y vivan en ese ambiente», dijo.
Civil Rights Defenders se fundó en 1982 con el fin de supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre derechos humanos del Acta Final de Helsinki. Adoptó su actual nombre en 2009 y su misión pasó a ser apoyar a los defensores locales de los derechos humanos en las regiones más represivas del mundo. Venezuela, lastimosamente, es una de ellas.
