La Presidenta del Fondo de Desarrollo Económico del municipio Jiménez en el estado Lara, (Fondec), Esperanza Heredia, inicio una acción ante los tribunales competentes para solicitar la nulidad del Decreto según el cual se traspasaron los bienes del Fondo a la empresa Integral de Producción Agraria Socialista Valle de Quíbor, capital de la localidad, en diciembre de 2013.
Apuntó que la institución requiere que estos bienes sean devueltos con personalidad jurídica y patrimonio propio independiente y distinto del Fisco Municipal. Explicó que estos bienes fueron transferidos por el anterior alcalde de Jiménez, Luis Plaza, a una empresa que no pertenece a la municipalidad, con lo cual se causó un daño patrimonial.
Con esta acción se transfirieron una Planta procesadora de Leche, el Matadero industrial de Quíbor, una Planta de Alimentos Balanceados, laboratorios de Biocontroladores, el Centro Genético, áreas de cultivo para forraje, pozos y lagunas y vehículos. También se transfirieron oficinas administrativas y casas residenciales.
Los vehículos transferidos a la empresa socialista son una Cava 350 marca Chevrolet; un Camión Chevrolet Cisterna; un Camión Plataforma, marca Chevrolet, modelo NPR; una Camioneta Chevrolet, modelo Cheyenne y dos tractores marca Jhon Deere
“Con este decreto desmantelaron al municipio y al Fondec. Se estima que el daño patrimonial es millonario. Solo del matadero industrial se estima que tiene una capacidad de 8.400 reses mensuales, estamos hablando que se dejan de producir un estimado de 8 millones de bolívares mensuales, como precio base. Es por eso que aspiramos a que se haga justicia y que esos bienes regresen al municipio y sean utilizados para el bienestar de la comunidad y para incentivar la producción local”, enfatizó Heredia.
La demanda, introducida ante el Juez Superior en lo Civil y Contenciosos Administrativo de la Región Centro Occidental, la realizó acompañada de la abogada Anny Rondón, abogada asistente del Bufete Cestari-Rodrìguez-Bermùdez y Asociados, quien explicó que el traspaso se realizó con varios vicios administrativos.
“El primero que se relaciona con la incompetencia, porque el Alcalde Luis Plaza no tenía la competencia para dictar del decreto donde ordenaba el traspaso de los Fondos a una empresa que ni siquiera pertenece al municipio”, explicó la abogada. También, dijo que se produjo la violación del principio del Derecho a la Defensa y la Garantía del Debido Proceso, porque al hacer el cambio de bienes públicos debió solicitar el informe favorable de la Contraloría y la buena pro de los concejales.
Asimismo, alegaron abuso de autoridad y desviación del poder por parte del alcalde antes de separarse de su cargo.
Nota de Prensa
