De la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques) al Palacio de Justicia de Caracas y viceversa. Esta será la rutina que el dirigente opositor, Leopoldo López, tendrá en los próximos meses si la jueza 16 de Control de Caracas, Adriana López, admite la petición del Ministerio Público de pasarlo a juicio por los sucesos del pasado 12 de febrero y mantenerlo detenido preventivamente.
La solicitud la formuló el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz durante la audiencia preliminar que se celebra desde las 10:30 am y en la que ratificaron todos y cada uno de los cuatro delitos que le achacan al líder fundador de Voluntad Popular (incendio, daños a la propiedad pública, instigación y asociación para delinquir).
La información la suministraron fuentes judiciales, pues a los trabajadores de los medios no se les permitió ingresar a la sede tribunalicia. Decenas de policías y guardias nacionales ataviados con equipos antimotines fueron desplegados en los alrededores del Palacio, ubicado en la esquina de Cruz Verde, dificultando el paso.
Los informantes dan por descontado que la jueza López aceptará toda la acusación y mantendría al exalcalde de Chacao tras las rejas, por considerar que había peligro de fuga, de obstaculización de la justicia e incluso que su vida corría peligro en la calle.
Tres meses después de su entrega y de haber sido enviado a la prisión militar las autoridades no han mostrado una sola prueba del supuesto complot para atentar contra la vida de López.
Los fiscales no son los únicos que han hablado contra el opositor y los cuatro jóvenes detenidos señalados de destruir unas patrullas de la policía científica (Cicpc), también unos abogados de la Procuraduría tomaron la palabra y pidieron sentarlo en el banquillo de los acusados por las pérdidas que sufrió el Estado.
Sin aportar ninguna cifra de viva voz los funcionarios dijeron «los daños materiales son grandes, pero los mayores fueron los inmateriales causados».
Justicia obstaculizada
El operativo de seguridad, para el cual fueron empleados vehículos que desplegaron un muro de metal, no solo dificultó la labor de los medios sino el ingreso de los abogados y de los familiares de los procesados a los juzgados y terminó provocando una protesta.
«Si la familia de Leopoldo López tiene derechos nosotros también», gritó una señora, quejándose porque a la esposa del opositor Lilian Tintori, le permitieron entrar al recinto y a ella no, pese a que aseguró que estaba desde las 6:30 am esperando ingresar y poder ver a su hijo, quien tenía una audiencia e iba a ser trasladado desde la cárcel de Yare.
Por su parte, otra mujer afirmó: «No que la justicia es igual para todos, entonces por qué unos pueden entrar y otros no».
La situación terminó regularizándose a eso del mediodía.
Sin embargo, el operativo no impidió que simpatizantes del chavismo se congregaran en las cercanías de la sede judicial y comenzaran a insultar a los dirigentes opositores que acudieron al lugar para expresar su solidaridad con López.
Una de quienes fue blanco de las ofensas más feroces fue la removida diputada María Corina Machado, quien declaró: «A Leopoldo López no lo van a doblegar. No van a parar esta revolución que se ha puesto en marcha (…) Todos tenemos cuál fue el delito de Leopoldo López: Levantar su voz contra este horror».
Pero no todos los presentes insultaron a Machado también hubo muchos que le pidieron fotografiarse con ella y le plantearon sus problemas.
El alcalde de El Hatillo, David Smolanski; el concejal metropolitano Freddy Guevara y los diputados Richard Blanco y Rosaura Sanz fueron algunos de los que hicieron acto de presencia.
Fuente: EU
