El pedido será evaluado por la jueza María de los Angeles Alvarez Camacho. El expresidente es investigado por los S/2.3 millones que presuntamente habría recibido de las constructoras cuando era gobernador regional de Moquegua.
La medida requerida por el fiscal Germán Juárez es por los presuntos sobornos que recibió el expresidente Martín Vizcarra por el proyecto Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua. (Foto: Alessandro Currarino)
Graciela Villasís RojasJefa de la Unidad de Investigación
graciela.villasis@comercio.com.pe
El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, presentó hoy un requerimiento de prisión preventiva por 18 meses en contra del expresidente y candidato al Congreso Martín Vizcarra Cornejo, según pudo confirmar El Comercio.
La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho será quien se encargue del desarrollo de la audiencia, evaluar el pedido y tomar una decisión.
El ex jefe del Estado Martín Vizcarra es investigado por los presuntos sobornos que habría recibido de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, vinculadas al ‘Club de la Construcción’, para la licitación del Hospital Regional de Moquegua y del proyecto Lomas de Ilo, respectivamente, cuando fue gobernador de esa región.
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En el caso de Lomas de Ilo, El Comercio reveló hace unos meses que, según el aspirante a colaborador eficaz N°10-2018, Vizcarra recibió un pago ilícito de S/1 millón del consorcio Obrainsa-Astaldi. Este dinero se habría entregado en dos armadas en el 2014, tras haber coordinado con Elard Tejeda, gerente de Obrainsa, el valor de la obra para ganar la licitación.
Incluso parte de los presuntos sobornos se habría pagado a través del alquiler de una avioneta para un grupo de funcionarios bolivianos que viajaban de Lima-Ilo-Lima para reunirse con Vizcarra. El exmandatario le habría pedido a Tejeda que este servicio corra “a cuenta de lo pactado”. La coordinación para la cotización del viaje quedó sustentado a través de correos electrónicos.
Por el Hospital Regional de Moquegua, este Diario también reveló que el consorcio conformado por Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) e Incot pagó al expresidente de la República S/1′300.000, según tres aspirantes. El dinero habría sido entregado en la casa del exministro José Hernández y en las oficinas de su empresa supervisora Asesores Técnicos Asociados S.A. (ATA).
“Siempre José Hernández recibía los paquetes conteniendo dinero en las oficinas de ICCGSA, se los entregaba siempre Granados y fueron entregados por Hernández directamente a Vizcarra en la oficina del directorio del primer piso de la empresa ATA, en Lince”, contó el aspirante a colaborador eficaz sobre algunas de las entregas.
El ahora candidato al Congreso por Somos Perú rechazó en aquella oportunidad las imputaciones y en reiteradas ocasiones señaló que se trataban de testimonios que buscaban “desestabilizar al país”. “Son presuntos casos de corrupción, los que he rechazado categóricamente, enfáticamente, y será a través de una investigación del Ministerio Público donde se aclarará con elementos fidedignos la falsedad de todo lo que ahí se ha dicho”, declaró en una conferencia de prensa.
No obstante, el 13 de noviembre del 2020, la jueza Álvarez Camacho le dictó 18 meses de impedimento de salida del país. El fiscal Germán Juárez había solicitado la medida al considerar que existía “un riesgo fundado de peligro de fuga” por parte de Vizcarra. Indicó que el expresidente contaba con “los ingresos suficientes para poder salir del país” y acotó que, tras haber sido vacado, “resulta ser un ciudadano más”.
La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios aseveró que los argumentos de la fiscalía “quedaron debidamente sustentados”. El exmandatario se allanó a la medida para no “obstaculizar” el proceso.
El Comercio
