Hernán Mendoza era un arquitecto de 48 años, que vivía y trabajaba en la ciudad de Rosario. Todos lo recuerdan como excelente esposo y padre de familia, gran deportista y buen amigo.
En la tarde del 31 de octubre del año pasado justamente estaba paseando en bicicleta en una bici-senda del Bajo Manhattan, cerca de donde estaban las Torres Gemelas, con sus amigos más queridos. En ese lugar, un terrorista, al grito de Allah’u Akbar (Dios es grande), lo atropelló intencionalmente y causó su muerte.
Este episodio siniestro, y habitual en nuestra época, destruyó una familia bien constituida y feliz creando la zozobra de que cualquier fanático puede destruir el modo de vida planeado de acuerdo a la regla del respeto mutuo.
En Rosario, quedaron esperándolo -hoy envueltos en la angustia que llega junto a estos sucesos tan desgarradores- Ana Evans, viuda de Hernán, quien está reponiéndose para que sus hijos Martín (12), Julia (10) y Emilia (4) puedan continuar con su educación y no crezcan en el odio y la resignación.
«En mi opinión -indicó el Dr. Juan Félix Marteau-, las autoridades públicas deberían dar más atención a casos como este, ocuparse de las víctimas, preguntarles cómo están, si necesitan algo, y sobre todo, darles la seguridad de que están haciendo algo para que el asesino pague por su crimen con el rigor que manda la ley».
LA REUNION
La semana pasada, en la Ciudad de Nueva York, los doctores Juan Félix Marteau, dos veces Coordinador Nacional de la Argentina en el Combate contra la Financiación del Terrorismo, y Steven Witzel, reconocido penalista americano en delitos graves, -los abogados que representan a la familia de Hernán Mendoza, asesinado en el ataque terrorista del 31 de octubre 2017 en el bajo Manhattan por un terrorista que reivindica su pertenencia a ISIS-, se reunieron con los fiscales federales responsables de la investigación judicial que lleva a cabo la Fiscalía Federal del Distrito Sur, una de las jurisdicciones más reconocidas en mundo judicial de los Estados Unidos, a cargo de Geoffrey Berman.
El objeto de la reunión fue conocer el estado del proceso y, en particular, si la Fiscalía solicitaría la pena de muerte para el único acusado: Sayfullo Saipov.
Actualmente, la Oficina de los Fiscales de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York preparará un memorando y una recomendación, que serán revisados por el Departamento de Justicia. El memorando se enviaría a Washington en junio de 2018, a efectos de que el Fiscal General Jeffrey Sessions tome la decisión final sobre si se debe solicitar la pena de muerte, algo que podría suceder cerca del mes de septiembre de 2018.
Según Marteau, el abogado de Saipov estaría preparando una solicitud de «mitigación» para el SDNY, que se considerará como parte del proceso de revisión, y la fecha límite para la presentación confidencial es a fines de este mes. Después de la recepción, el SDNY finalizará su memorándum y recomendación y lo presentará al Departamento de Justicia y a la consideración del Fiscal General.
El juez del caso, Vernon Broderick, nominado recientemente por la Administración Trump, ha llamado a una audiencia a la que asistirán los abogados de las víctimas, en la cual se presentarán a los abogados de la señora Mendoza Evans.
A menos que el acusado se declare culpable, lo cual sigue siendo una posibilidad en cualquier momento, se espera que el juicio se realice en abril de 2019.
Infobae
