Venezuela alega que las investigaciones están en curso, pero reconoció que apenas cinco casos, de los 62 identificados y aceptados por la CPI, han llegado a una condena efectiva. La Fiscalía de la Corte refutó a la administración Maduro las cifras sobre perpetradores identificados. También recordó la falta de acusación formal y la nula investigación a los altos responsables
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) refutó en el segundo día de audiencia las supuestas investigaciones adelantadas por el Estado venezolano para sancionar a responsables de crímenes, que las autoridades no reconocen como de lesa humanidad.
En la segunda sesión ante la Sala de Apelaciones, que evalúa la solicitud hecha para detener la investigación por crímenes de lesa humanidad, se conocieron algunos detalles –tras una pregunta de la jueza Lucía Ibáñez Carranza– por los casos identificados por la propia Venezuela y que podrían entrar en investigación por la CPI.
Sobre los 124 incidentes reconocidos el martes 7 de noviembre, el abogado de Venezuela Aitor Martínez dijo que están representados en una nota verbal y 64 expedientes que reflejan 62 casos.
Detalló que 113 están en fase de investigación donde se individualizaron a 166 funcionarios públicos, tres en fase intermedia, con acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco culminaron con condenas a 14 funcionarios públicos.
Los oficiales condenados van desde oficiales de Policía a sargentos de la Guardia Nacional, que son de rangos medios o bajos según las propias leyes venezolanas. Dentro de los funcionarios acusados o en juicio, 18 son comisarios, tres tenientes coroneles, siete tenientes, un mayor, seis capitanes y un sargento.
La representante de la Fiscalía de la CPI rebatió esos datos. Explicó que de los 62 casos, 59 se equiparan a los 124 incidentes. En 47 de ellos no se identificaron a perpetradores, 46 se encuentran en fase intermedia, es decir, no se han hecho acusaciones formales, y en 21 casos se identificaron caracterizaciones jurídicas inadecuadas.
«El material venezolano mostrado en la Sala Preliminar no mostró que se habían investigado estos elementos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad (…) La Sala fue razonable e hizo lo correcto (sobre autorizar la investigación)», sentenció la abogada de la Fiscalía.
Para los 62 casos sobre los que hubo expediente de investigación, indicó la Fiscalía de la CPI, la Sala Preliminar consideró que donde se había identificado y acusado a un sospechoso, los autores eran de bajo nivel y las investigaciones reflejaban que no había intención de investigar a los autores de rangos altos.
«Si los Estados no tienen la voluntad de investigar estos crímenes de lesa humanidad para eso está este tribunal, para combatir la impunidad en los crímenes más horribles reconocidos por la comunidad internacional», afirmó.
Por su parte, la Oficina de Defensa para las Víctimas expresó la preocupación de los afectados, pues se presentaron nuevos argumentos que no han podido examinar. «Esa información no se presentó a la Sala de Cuestiones Preliminares cuando se hizo la solicitud».
¿Investigación pertenece a la CPI?
Una de las cuestiones evaluadas en el segundo día de audiencia es si los procedimientos nacionales cubren mismo tipo de conducta que lo investigado por la Fiscalía y engloban crímenes de lesa humanidad.
El abogado representante de Venezuela puso como ejemplo el caso Gadaffi-Al Senussi –en el cual participó– para sustentar su punto de que las investigaciones y actuaciones nacionales no deben reflejar específicamente la caracterización jurídica (tipos de crímenes) de la CPI. «Es la conducta presunta», afirmó.
«Hablar de ataques sistemáticos y generalizados no me parece pertinente», dijo Emmerson, quien señaló que el objetivo debería ser colmar el vacío de crímenes que no establecen y persiguen las jurisdicciones nacionales.
Del lado venezolano, se insistió en que no se ofrecieron detalles a Venezuela para responder. «¿Cómo la Corte puede aplicar la prueba de la coincidencia? A mí me parece que este proceso no lleva a ninguna parte porque no hay ninguna prueba a determinar».
Emmerson también dijo que decir que Venezuela se negó a reconocer los crímenes de lesa humanidad «es un prejuicio. Argumentar que no hay investigaciones apropiadas porque no se han señalado a rangos altos es incorrecto. En la notificación enviada no se señala ese punto».
Además, calificó de «inconcebible» que la Sala de Apelaciones mantenga la decisión de autorizar una investigación «sin saber cuáles son las políticas (…) cuando no se tiene toda la información. No han podido leer los materiales traducidos».
La representante de la Fiscalía de la CPI señaló que el hecho de que un crimen de lesa humanidad no esté en sus leyes nacionales, no significa que no pueda investigarlo de acuerdo a su propia jurisdicción y con la sistematicidad debida.
«Reconocemos que esto puede suponer una tensión potencial para algunos, pues no todos los Estados incluyen en su marco legal la definición de crimen de la humanidad o los identificados como ellos, pero sí observamos con detenimiento, es supuesta», destacó.
La Fiscalía recordó en una segunda intervención que su postura se basa en que no es necesario que Venezuela adopte los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma para realizar investigaciones de calidad.
También señaló que hubo un resumen, enviado en diciembre de 2021, que se añadió a la carta de notificación del inicio de investigación fechada en noviembre de ese año, donde se especificó que se presume razonablemente que, desde abril de 2017, se cometieron posibles crímenes de lesa humanidad y se listan algunos, así como se enumera a los cuerpos, órganos y unidades de seguridad, incluyendo individuos que podrían estar involucrados, y los patrones de gravedad identificados.
Foto Cortesía ICC
En enero de 2022 se brindó más información en una actualización, explicó la representante de Fiscalía, y en dos resúmenes posteriores también se otorgó más detalle a las autoridades venezolanas.
La Oficina de Defensa Pública de las Víctimas destacó que el Estado debe tomar en cuenta los elementos contextuales, «y no solo los actos, para demostrar la sistematización y alcance de estos actos. Debe demostrar haber tomado en cuenta estos elementos para hacer una evaluación completa».
Se recordó que la evaluación pasa por si las investigaciones nacionales cubren las conductas investigadas por la Corte. «No es suficiente con que el Estado diga que se va a realizar una investigación».
Aseveró que la Sala de Cuestiones Preliminares estuvo en lo correcto «al determinar que no hay investigaciones en curso, en especial si tomamos en cuenta la postura de Venezuela de no reconocer los crímenes de lesa y que eran hechos aislados».
Interpretación sesgada de leyes
El juez presidente de la Sala recordó que Venezuela tenía el deber de integrar en sus leyes nacionales algunos de los crímenes que contempla el Estatuto de Roma, y preguntó cuáles eran los obstáculos para ello y si tienen la voluntad de cambiarlo en un futuro.
El abogado de Venezuela dijo que no había obligación de Venezuela para considerar en su derecho nacional los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma. «Para la población venezolana, sus jueces, sus fiscales, una corte extranjera quiere intervenir y enjuiciar a sus nacionales».
Dijo que hay una variedad en cómo se interpretan los tratados internacionales y de ello no escapa Venezuela. «Está en curso una legislación de implementación» en base a la complementariedad, y que en ello contribuirá la instalación de una Oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas.
La Oficina de Defensa para las Víctimas dijo que no hay una perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar estos crímenes en un tribunal nacional.
Tal Cual
