La Fiscalía General de Bolivia anunció el viernes que presentó una acusación por «genocidio» y otros delitos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, por la muerte de una veintena de manifestantes opositores en 2019, tras la renuncia de Evo Morales.
El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia «un requerimiento acusatorio» contra Áñez» que incluye cargos de «genocidio», un delito sancionado con penas de 10 a 20 años de cárcel, según el Código Penal boliviano.
La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, el izquierdista Evo Morales, renunciara tras intensas protestas por su polémica reelección a un cuarto mandato. Morales huyó del país luego de que un informe de la OEA hallara pruebas de fraude.
Después de las elecciones, unas 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales, así como entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La acusación contra Áñez se origina en la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, dijo el fiscal.
En un informe presentado esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en los dos incidentes, que calificó de «masacres».
Por su lado, Lanchipa contabiliza «20 muertos» en Sacaba y Senkata. Esos hechos han sido «calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte», señaló el fiscal.
Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección de Luis Arce, aliado de Morales, y en marzo fue detenida. La expresidenta no se ha pronunciado sobre la acusación, pero el martes publicó en Twitter: «Exigimos respeto a la Constitución, garantías con un debido proceso e igualdad de condiciones».
