Los 11 jóvenes detenidos en los campamentos de la plaza Alfredo Sadel y de la sede de Naciones Unidas (ONU-PNUD) tendrán que esperar hasta que se realice la audiencia preliminar para conocer si continuarán o no recluidos en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La Fiscalía presentó el martes el acto conclusivo de ambos casos y decidió acusar a Sairam Rivas, Manuel Alejandro Cotiz, Christian Gil Villanueva, Gerardo Carrero, Gerardo Resplandor, Ángel Morales, Dionis Albarrán, Nixón Leal, Avril Tovar y Dioris Albornoz de los delitos de instigación a delinquir, agavillamiento y uso de menores en la ejecución de delitos.
En el caso del campamento Sadel, la abogada Jackeline Sandoval, indicó que a la joven Sairam Rivas, presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la UCV, se le imputaron los tres delitos mientras que a Manuel Cotiz y Christian Gil, les fue sobreseído solo el delito de instigación. «La defensa debe esperar que el tribunal admita la acusación y luego fije la fecha para la audiencia preliminar en un plazo de 15 a 20 días», precisó.
La presidenta de Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) calificó como «pobre» la acusación en el caso Sadel. «La fiscal basó su acusación en las declaraciones de los funcionarios que hicieron los levantamientos del campamento, en los testigos del procedimiento y unas experticia a un dinero encontrado en las carpas».
«Estoy esperando desde la presentación que me digan siquiera cuales fueron los elementos del uso de menores, uno de los delitos más graves, tomando en cuenta que ni siquiera se menciona al único menor de la Sadel en el acto conclusivo», explicó la abogada.
Con respecto al caso del campamento en la sede de Naciones Unidas, la abogada del Foro Penal, Lilian Camejo, dijo que la Fiscalía acusó a los jóvenes de los delitos de instigación, agavillamiento y uso de menores.
Precisó que hoy el Foro Penal acudirá al tribunal para solicitar las copias del acto conclusivo y así conocer en que se basó el Ministerio Público para ratificar los delitos.
En referencia a los más de 100 jóvenes con medidas cautelares, «la Fiscalía señaló que existen actuaciones que realizar y se tomará el tiempo previsto por ley, hasta 8 meses, para decidir si archiva, sobresee o acusa», señaló Sandoval.
ALICIA DE LA ROSA | EL UNIVERSAL
