El Ministerio Público acusó al propietario de la «Distribuidora Galván», Carlos José Galván, y a su cónyuge Anguelova Pagunova Radka, quienes fueron aprehendidos el 19 de diciembre de 2013, a raíz de un allanamiento en esa empresa ubicada en el municipio San Joaquín, estado Carabobo, en el que las autoridades encontraron más de 10 toneladas de alimentos descompuestos y vencidos que tenían etiquetas con precios remarcados.
Igualmente, se presentó la acusación contra los trabajadores de la distribuidora: Nelson Antonio Rondón (gerente de créditos), Emil Rincones Rojas (supervisor de operaciones) y Alexis Madero Pérez (vendedor), según una nota de prensa difundida por la Fiscalía General de la República.
Los fiscales 41 nacional y 6 de dicha jurisdicción, Franklin Nieves y Nidia González Rojas, respectivamente, acusaron a Galván y a su cónyuge por la presunta comisión de los delitos de especulación, usura, comercio de bienes nocivos para la salud y venta de sustancias nocivas.
Los otros tres trabajadores fueron acusados por esos mismos delitos pero en grado de complicidad; adicionalmente, las cinco personas también fueron acusadas por asociación para delinquir.
Los fiscales solicitaron al Tribunal 2 de Control de Carabobo la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de estas cinco personas.
Vale destacar que Galván y Pagunova se encuentran privados de libertad en la Comandancia General de la Policía de ese estado; mientras que Rondón, Rincones y Madero tienen medidas cautelares de presentación periódica cada 30 días y prohibición de salida del país.
En horas de la madrugada del 19 de diciembre, representantes de varios organismos del Estado, entre ellos el Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social y el ahora suprimido Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, inspeccionaron los almacenes de dicha distribuidora en San Joaquín, en virtud de las denuncias acerca de presuntas irregularidades en el almacenamiento de alimentos.
Durante el procedimiento, fueron hallados en 22 cavas alimentos no perecederos, embutidos y precocidos, a los que se les había realizado un remarcaje en las fechas que indicaban su vencimiento y en sus precios de venta al público.
La investigación permitió detectar que tales fechas correspondían a varios meses atrás, además se hallaron productos nacionales e importados que estaban totalmente descompuestos y contaminados.
Fuente: EU
