El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien trabaja conjuntamente con el procurador Ignacio Mahiques, solicitó al juez Julián Ercolini que emita órdenes para que la exmandataria declare por presunta administración infiel y que se indague también a otros 33 acusados.
La Fiscalía argentina pidió hoy a la Justicia que se llame a indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas, informaron fuentes judiciales a la agencia estatal Télam.
El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien trabaja conjuntamente con el procurador Ignacio Mahiques, solicitó al juez Julián Ercolini que emita órdenes para que la exmandataria declare por presunta administración infiel y que se indague también a otros 33 acusados.
“Durante los últimos doce años existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Antonio Báez y cómo su planificación tuvo origen días antes a la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner en el año 2003. La modalidad escogida para lograr el fin buscado fue a través de la adjudicación irregular de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en donde desde el año 2003 y hasta el 2015 el empresario Lázaro A. Báez recibió contratación con fondos públicos por más de 16 mil millones de pesos, lo que significó que prácticamente el 80% de las obras adjudicadas en esa provincia fueran en favor de un amigo del matrimonio Kirchner”, dice contundente en uno de los párrafos la presentación de los fiscales.
Para Pollicita y Mahiques, la maniobra consistió en colocar en lugares claves a personas que permitieran llevar adelante las maniobras irregulares. De allí se desprende que, además de Cristina y dos funcionarios que estuvieron en el gobierno de los Kirchner desde el 25 de mayo del 2003, se pida la indagatoria e inhibición de bienes de una treintena de personas entre las que se destacan, el propio Báez, su hijo Martín y Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente, quien fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación.
“De este modo, ya montada la estructura de funcionarios nacionales que garantizarían los beneficios derivados de la obra pública, la tercera etapa derivó en la selección del territorio en donde se llevaría a cabo, que como dijimos, consistió en la concentración económica de la mayor cantidad de recursos públicos en materia de obra vial en un solo lugar: Santa Cruz, precisamente, la provincia de la que los ex presidentes son oriundos, la que Néstor Kirchner gobernó durante tres mandatos y la que además administran gente de confianza en los últimos 12 años”, agregan en el pedido presentado en las últimas horas al juez Ercolini.
EFE
