El pasado 23 de noviembre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de la excandidata presidencial y otros implicados en este caso
El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez afirmó este domingo que a fines de este año puede comenzar el juicio oral contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otros personajes por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
«Hay pruebas respecto a los hechos por los cuales se ha acusado a Keiko Fujimori. Consideramos que si el Poder Judicial da los mecanismos y los medios que permitan la descarga procesal que necesitan los jueces… podemos estar entrando a un juzgamiento en el segundo semestre del presente año», declaró Pérez a la cadena estatal TVPerú.
El fiscal precisó que su despacho cree que ya «se podría juzgar a Keiko Fujimori, Jorge Yoshiyama y demás implicados a finales de este año».
Pérez, quien integra el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, recordó que su despacho ya concluyó las investigaciones del caso en marzo de 2021 y ha implicado a unas 40 personas, además de al partido Fuerza Popular.
«Procesalmente, nos encontramos en una etapa intermedia, una etapa que se conoce como de control de la acusación, el juez está revisando la acusación que la Fiscalía ha presentando para ver si de ella podemos ir a un juzgamiento», explicó.
Keiko Fujimori: detalles del caso
El pasado 23 de noviembre, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundados los recursos interpuestos por las defensas de Fujimori y otros implicados en este caso, que también incluye a su esposo, Mark Vito, y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como a su propio partido político, Fuerza Popular.
En ese sentido, se mantuvo la acusación fiscal que pide 30 años de cárcel para la excandidata, en el marco del proceso penal que afronta por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
El fiscal acusa a Fujimori y los demás personajes vinculados por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
La tesis del Ministerio Público, que incluye más de 15.000 páginas, sostiene que la líder opositora habría ocultado, mediante una contabilidad ficticia, presuntos aportes ilícitos que recibió Fuerza Popular de la compañía brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas de 2011 y 2016.
El fiscal Pérez dio por concluida la investigación de este caso el 11 de marzo de este año, día en que presentó una acusación tras una investigación que se prolongó durante más de dos años.
La actual «etapa intermedia» del proceso puede demorar años, ya que el juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional de Crimen Organizado, debe revisar la acusación fiscal y decidir si abre un juicio oral.
Un presunto implicado
El fiscal Pérez confirmó este domingo que el empresario Giancarlo Bertini, también vinculado a este caso, regresó al país y se presentó ante el juez Zúñiga tras haberse fugado en 2018.
«Giancarlo Bertini tiene una participación importante, porque es la persona que se encarga de captar a quienes van a presentarse como falsos aportantes» a las campañas de Fujimori, dijo.
Pérez reiteró que estas personas justificaron la entrega de dinero en pequeños montos, un término que los medios nacionales han denominado «pitufeo» y que, según el fiscal, fue «la modalidad de Fuerza Popular para lavar este dinero».
