La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) mostró hoy su preocupación por la situación de la sociedad nacional de este movimiento en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado esta semana intervenir la organización y ha designado una nueva directiva para su reestructuración.
«Cualquier intervención gubernamental en nuestras sociedades nacionales causa graves preocupaciones en torno a su independencia y de cara a su trabajo humanitario, por lo que será tratado de forma prioritaria», señaló el comunicado de la federación con sede en Ginebra.
FICR, añadió, ha enviado a algunos de sus responsables a Caracas esta semana para reunirse con la delegación permanente en Venezuela con el fin de lidiar con los últimos acontecimientos y «entender mejor los riesgos, el nivel en el que el gobierno está involucrado, y analizar la capacidad para poder seguir ofreciendo servicios humanitarios».
«FICR tiene mecanismos propios para responder a situaciones en las que se considere que una sociedad nacional miembro de la federación ha roto nuestros principios fundamentales, y animamos a los gobiernos a facilitar que esos mecanismos internos de la federación lidien con ello», agregó la nota.
«Nuestra prioridad es proteger el papel crítico de la Cruz Roja de Venezuela y de sus empleados y voluntarios en el país. Su acción neutral, imparcial e independiente ha sido esencial a la hora de salvar vidas», agregó la federación.
Las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de venezolana, criticadas por algunas organizaciones de la sociedad civil, se produjeron después de que el fiscal general, Tarek William Saab, informara de la apertura de una investigación sobre el «presunto acoso y maltrato» cometido contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja nacional por parte de su presidente, Mario Villaroel.
El Supremo ordenó el «cese, de manera inmediata, en el ejercicio de sus cargos, del presidente y los miembros que integran el comité directivo nacional» de esta organización.
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