Desde el miércoles en la noche los portones de acceso en Ferrominera Orinoco son controlados por la Guardia Nacional. Los militares y funcionarios de seguridad patrimonial sólo permiten el ingreso de los trabajadores colocados en lista para activar el plan de contingencia.
Según los trabajadores, la gerencia implementó la medida para desactivar el inicio de una nueva huelga por el incumplimiento de varios acuerdos suscritos entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco.
Los trabajadores han calificado la acción como un autosecuestro. El vocal del sindicato, Jorge Ascanio, consideró que con la acción el Gobierno intenta responsabilizarlos de una paralización que hasta entonces no se había concretado.
Denunció que dos jueces llegaron a la planta para criminalizar a los trabajadores e intentar hacer ver que el personal no ingresó a planta por decisión propia. «La empresa no ha mandado el transporte, dio la orden de que no pasara la ruta», dijo el dirigente.
En vista de la acción de la gerencia, un grupo de trabajadores decidió obstaculizar la vía férrea en el kilómetro 4 para impedir que los vagones cargados de mineral de hierro – provenientes de Ciudad Piar – lleguen a la planta de procesamiento en Puerto Ordaz.
El secretario general del sindicato, Rubén González, cuestionó la militarización y que la gerencia se niegue al diálogo para resolver el conflicto. El miércoles había dicho que mantendrían protestas de cuatro horas hasta que se les convocara a una mesa de diálogo.
“Iván Hernández, Carlos Osorio, sean serios”, exigió a los presidentes de Ferrominera y CVG, respectivamente, por el incumplimiento del acta suscrita y los compromisos de pago de beneficios.
Cuestionan administración. A los trabajadores les deben 15.000 bolívares por concepto de anticipo contractual y otros beneficios como caja de ahorro, seguro social, prestaciones sociales y el aporte de la ley de política habitacional.
El pasado 4 de julio la empresa se comprometió a cancelar los acuerdos el 12 de este mes, pero posteriormente el presidente de la CVG, Carlos Osorio, dijo que pagar ese bono era ilegal.
Para el secretario general, las deudas con los ferromineros es consecuencia de la mala administración y la corrupción. “Le han hecho un daño muy grande a Ferrominera, la deuda con los ferromineros es un muy grande”, dijo.
González resaltó que el ex presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, y detenido e imputado por presuntos delitos de corrupción, es sólo un eslabón de la cadena. “Hay muchos que están metidos en eso, son muchos. Y hay unos que están tratando de sacarlos del paquete”, advirtió.
RECUADRO
Una semana después
Los ex gerentes de administración y finanzas y el consultor jurídico, María Rodríguez, Carolina Acosta y Noel Ramírez, respectivamente, cumplen este viernes una semana detenidos en la sede de la Base de Contrainteligencia Militar en Ciudad Bolívar.
Los funcionarios han sido acusados de los delitos de peculado doloso, malversación agravada y asociación para delinquir. Un grupo de trabajadores ha protestado en el Palacio de Justicia desde el lunes reclamando justicia para sus compañeros.
Fuente: El Nacional
