Los empresarios agremiados en Fedecámaras criticaron que en la última subasta del Sicad el Ejecutivo sumó nuevas trabas al desempeño de su actividad económica, debido a la condición de que solamente se pueden realizar las órdenes de compra a través de las instituciones de la banca pública autorizadas por el Banco Central de Venezuela, y siempre que tengan una antigüedad no menor a 90 días como cliente de estas, según lo señaló su presidente, Jorge Roig.
En rueda de prensa realizada en Barquisimeto, el directivo gremial advirtió que muchas de las organizaciones empresariales no tienen cuentas en el sistema de la banca pública, pero acotó que “se harán los correctivos necesarios”.
Señaló que la nueva Ley Orgánica de Precios Justos atenta contra el empresario, y advirtió que la providencia en la que se fijaron los criterios contables para la determinación de los costos y precios no reconoce varios aspectos como parte de las estructuras.
Uno de los puntos álgidos es que se excluyó el costo por financiamiento, porque algunas organizaciones incurren en este al vender a empresas públicas y recibir pagos hasta seis meses después, situación que trae pérdidas en un país con una inflación tan alta, de acuerdo con Roig.
De igual forma, indicó que los gastos de publicidad, ventas, entre otros, no son considerados, lo cual “limita la inversión de los empresarios para lograr establecer las estrategias necesarias en esta materia”.
Para el empresario, “esta ley, lejos de mejorar las condiciones actuales en materia económica, profundiza aún más los problemas al hacerse una normativa que no fue consultada con ningún sector, con un modelo económico que ya se le ven las costuras”.
Aseguró que la aplicación de la norma traerá como consecuencia un crecimiento mayor de la escasez y, con ello, el aumento de la inflación, al existir menos oferentes en el mercado debido a la incertidumbre existente sobre cómo realizar el cálculo de la estructura de costos y, adicionalmente, por la desmotivación para invertir.
“Esta ley es perversa y no muestra de forma clara lo que persigue, puede traer efectos contrarios a lo que establece. Alertamos que esta ley es inconveniente tanto para el propio Estado como para el empresariado y el consumidor”, recalcó Roig,
Manifestó que uno de los vicios de nulidad de esta ley es el artículo que señala a toda organización como de utilidad pública, ya que atenta contra la Constitución.
Destacó que “no se pueden declarar todas las empresas como de utilidad pública, sino solo a aquellas que sean realmente de interés nacional, pues esto aumenta el estado de indefensión del empresariado”.
Pese a que el gremio introducirá una demanda contra la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia, Roig aseguró que se han comunicado con sus agremiados para que acaten la normativa, “aun cuando los propios encargados de fiscalizar desconocen de su aplicación”.
El empresario manifestó su inconformidad con las declaraciones emitidas por el ministro Rafael Ramírez, en las cuales puso en duda la deuda de 13.460 millones de dólares con el sector privado, por considerarlas una señal muy peligrosa, razón por la cual hizo un llamado para que se publique la lista de las “empresas fantasmas de Cadivi”.
El vocero cree que al no reconocer la deuda a estas empresas, se podrían solucionar las acreencias con los distintos sectores productivos nacionales que sí son reconocidos, como las líneas aéreas, la industria farmacéutica y Polar, entre otros.
Con respecto a las declaraciones emitidas por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sobre el tema de las divisas para los medios impresos, Roig señaló que, de acuerdo con la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente, ningún empresario puede comprar fuera del país con dólares que no sean los preferenciales; de hacerlo, estaría violando la misma con riesgo de ser detenido.
La razón de la visita de Fedecámaras a Barquisimeto fue la puesta en marcha del programa Aprendiendo a emprender, que tiene como fin enseñar a pequeños empresarios a establecer estrategias que les permitan crecer y crear empleos.
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