La guerrilla comunista de las Farc propuso este martes en La Habana regular la producción y el mercado de los cultivos ilícitos en Colombia mediante un programa que proteja económica y legalmente a los campesinos dedicados al cultivo de hoja de coca, amapola y marihuana.
La propuesta, presentada por las Farc en los diálogos de paz con el gobierno colombiano que se desarrollan en La Habana, pone énfasis en la «sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana», y no en la sustitución de estos cultivos por otros, como pretenden las autoridades colombianas.
La posición de la guerrilla augura que el tema será muy difícil de consensuar entre las partes, que desde hace 14 meses negocian un acuerdo de paz que ponga fin a un conflicto armado de medio siglo.
El plan de la guerrilla contempla «regular la producción y el mercado de la hoja de coca, la amapola y la marihuana, con base en el reconocimiento de las cualidades alimenticias, medicinales, terapéuticas y culturales, a definir en cada caso, así como sus posibilidades artesanales e industriales», dijo a la prensa Pablo Catatumbo, uno de los delegados de las Farc en los diálogos.
«Las cantidades a producir se establecerán en función de estudios de demanda potencial tanto del mercado interno como del mercado internacional. Ello conlleva la conformación de un mercado legal de hoja de coca, amapola y marihuana, controlado por el Estado a través de un sistema de precios de sustentación y de compras estatales», agregó.
Catatumbo explicó que este «programa nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana» se fundamenta en un «plan piloto» propuesto en junio de 2000 para Cartagena del Chairá (un municipio del sur de Colombia) por el fundador de las Farc, Manuel Marulanda «Tirofijo» (fallecido en 2008), durante un anterior proceso de paz que no prosperó.
Suspensión de fumigaciones aéreas
El programa «supone la provisión de garantías y condiciones de seguridad para la población campesina que habita los territorios y las zonas objeto del Programa. Por ello se hace necesario el inicio inmediato de la desmilitarización de dichos territorios, y su consecuente exclusión como zonas de guerra», añadió Catatumbo.
También implica «la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos como el glifosato» y «la revisión inmediata de la actual política criminal del Estado, centrada en la persecución, la estigmatización y la criminalización de los campesinos productores», señaló.
La delegación del gobierno de Juan Manuel Santos, que encabeza el exvicepresidente Humberto de la Calle, no comentó esta propuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la mayor guerrilla de ese país.
El gobierno acusa a las Farc de estar involucradas en el negocio del narcotráfico, lo que la guerrilla niega.
Las partes abordan en este décimonoveno ciclo de pláticas el punto de las drogas, tercero de los seis de la agenda, luego de que lograran consensos en los dos primeros: la cuestión agraria y participación política.
Quedan pendientes los temas del abandono de las armas, la reparación de las víctimas y la forma de refrendar un eventual acuerdo.
Aportes financieros de países consumidores. La propuesta de la guerrilla prevé que el financiamiento del programa salga del presupuesto estatal, con «recursos provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa, en proporción igual a los ahorros fiscales generados por la desmilitarización de los territorios y zonas objeto del programa».
También contempla «aportes de la comunidad internacional, especialmente de los países consumidores del capitalismo central y de sus Estados; igualmente de empresas transnacionales y de organismos no gubernamentales», dijo Catatumbo.
Las Farc han venido insistiendo desde que partieron las negociaciones de paz que el gobierno y la comunidad internacional no deben criminalizar a los campesinos colombianos que subsisten gracias a estos cultivos, sino a las bandas de narcotraficantes y las redes de distribución que existen en los grandes países consumidores.
El programa debe contar con una «veeduría internacional» de seguimiento y control «conformada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de la Unasur, y de la comunidad académica».
Este es el cuarto proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Farc, la mayor guerrilla de ese país (que tiene entre 7.000 y 8.000 combatientes). El anterior proceso, conducido por Marulanda, fracasó hace una década.
Fuente ÙN
