Las FARC criticaron el lunes al ministro del Interior de Colombia, Fernando Carrillo, quien sugirió que las protestas campesinas en el noreste del país estaban infiltradas por la guerrilla.
«Para justificar la represión, usted no puede acusar a los labriegos del Catatumbo y sus voceros de estar infiltrados o pertenecer a las FARC», aseguró el grupo rebelde en una declaración que fue leída en La Habana, Cuba, por Jesús Santrich, uno de los negociadores del grupo rebelde en el proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
«Con soberbia no se puede pretender evadir los compromisos y deberes sociales del Estado», insistieron las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). «No hay que estigmatizar sino mirar a sus pobladores como lo que son: campesinos, gente humilde que, desde antes, mucho antes de iniciarse el proceso de La Habana, con justa agenda y con propia voz, han clamado pacíficamente por sus derechos conculcados».
Las protestas se iniciaron hace casi un mes y en ellas han muerto cuatro personas.
«En el Catatumbo, los actores armados ilegales apuestan por incidir en el proceso de La Habana, y eso no lo vamos a permitir», dijo el ministro Carrillo en una entrevista divulgada el domingo en el diario El Tiempo. Agregó que los reclamos sociales son válidos pero que no es aceptable «traer una agenda política, coincidente y aplaudida desde La Habana, a un diálogo con campesinos».
Tibú, una localidad de unos 40.000 habitantes y a unos 480 kilómetros al noreste de Bogotá, es uno de los siete municipios que integran la llamada región del Catatumbo colombiano, unas 346.000 hectáreas del noreste del país donde hay presencia de grupos armados ilegales, narcos y contrabando.
Varios delegados del gobierno central se encuentran en la zona del Catatumbo para tratar de llegar a un acuerdo con los manifestantes y de esa forma levantar el paro.
Los campesinos reclaman que se suspenda la erradicación de cultivos de coca y que la región sea declarada una reserva campesina. El gobierno ha replicado que no suspenderá la destrucción de los cocales pero que estudia la posibilidad de la declaración de reserva, una figura legal de 1994 que permite el desembolso de fondos estatales para el desarrollo de un área específica.
Desde fines del año pasado, las FARC y el gobierno de Santos adelantan en la capital cubana un proceso de paz para tratar de poner fin a casi 50 años de confrontaciones.
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