El gremio docente universitario solicitó formalmente a la Asamblea Nacional la inspección de los centros y condiciones de reclusión de los presos políticos, con la participación de esa organización gremial, como observadora, para garantizar que no se sigan violando los derechos humanos de los universitarios detenidos.
La presidenta de FAPUV, Lourdes Ramírez de Viloria, denunció este miércoles 21 de septiembre de 2016 en la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, la existencia en Venezuela de más de 40 universitarios presos políticos a quienes se les niegan derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna y en convenios internacionales suscritos en Venezuela, como los “Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas” (OEA-CIDH: 2008).
En su derecho de palabra Ramírez de Viloria -acompañada por William Anseume, Coordinador Comisión Presos Políticos Universitarios- describió al Diputado Richard Blanco, presidente y a los demás miembros de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, la grave situación resaltando los siguientes puntos:
El gobierno venezolano continúa vulnerando el derecho a la protesta pacífica y las libertades políticas.
Son numerosos los dirigentes universitarios: profesores, estudiantes, trabajadores y egresados de nuestras Instituciones, detenidos o sometidos a régimen de presentación, en condición de presos políticos.
Cada día es mayor el número de estos presos políticos a los cuales no se les están garantizando sus derechos constitucionales. Además de la pérdida de su libertad, son sometidos a condiciones inhumanas de reclusión y permanentes malos tratos.
Los cuerpos represivos militares, policiales y paramilitares afectos al gobierno, actúan impunemente contra las Universidades y sus comunidades.
“Esta situación que FAPUV denuncia hoy ante Ustedes, no afecta solamente a los universitarios; es un drama social nacional que requiere medidas urgentes. La Federación representa un aproximado de 45.000 Profesores Universitarios, que de una u otra manera están relacionados con cada uno de los habitantes de nuestra querida Venezuela, afirmó.
“Es por eso que acudimos hoy, en acción ciudadana, responsable y pacífica, a solicitar el amparo inmediato de los derechos constitucionales de los universitarios en condición de presos políticos, el respeto a la Autonomía Universitaria y a la inviolabilidad de su recinto. Desde febrero del año 2014 se produjeron diversas muertes, torturas, detenciones, persecución y el exilio de estudiantes, egresados y profesores universitarios y otros miembros de comunidades de formación educativa en el país (mayormente liceístas) o sus familiares. Más del 90% de los presos políticos venezolanos están vinculados a las universidades o a la educación formal, lo que demuestra la escasa o ninguna tolerancia del gobierno por la crítica, el disentimiento, el pensamiento libre, la manifestación de las ideas, y el derecho a la protesta”.
La dirigente gremial universitaria refirió que “Hoy, diversos integrantes de la comunidad universitaria continúan presos sin pruebas fehacientes que pudieran inculparlos, con límites a sus debidos procesos que impiden su defensa y en condiciones de reclusión que desdicen de la aplicación de la Constitución Nacional y de convenios internacionales que en Venezuela tienen rango constitucional. Así también continúa una cantidad de estudiantes y otros universitarios en un vergonzante régimen de presentación; otros perseguidos y/o exiliados. Esta situación se ha ido agravando con el paso del tiempo, incidiendo de manera muy negativa en las familias venezolanas y toda la sociedad de nuestro país, aumentando la crispación política y la intolerancia hacia las ideas del otro”.
“Es importante considerar – continuó- la violación a los acuerdos internacionales recogidos en un Documento aprobado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA en marzo de 2008, a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, denominado: “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.
“Tenemos evidencias – aseguró- de las diversas violaciones a los derechos humanos que han sufrido esos universitarios en condición de presos políticos y que queremos exponer ante Ustedes: La mayoría de los detenidos ha sido torturada física y/o psicológicamente por los cuerpos policiales o militares. Se han usado armas de fuego en las protestas, contraviniendo lo expresado literalmente en la Constitución Nacional. Se han allanado recintos universitarios de manera también inconstitucional. Se niegan las visitas a quienes no sean familiares directos, impidiendo el “contacto con el mundo exterior”. Se niegan las necesarias visitas médicas y traslados. Han sido encarcelados en lugares fuera de su comunidad y lejos de sus familias. Se niegan las condiciones adecuadas de higiene. Se niega el derecho a la educación y a las actividades culturales. La mayoría está en condiciones de hacinamiento o de aislamiento”.
Prensa Fapuv
