Lo que comenzó como una medida de presión desesperada ha escalado a una crisis humanitaria a las puertas de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, estado Miranda. Este lunes, familiares de los detenidos cumplieron dos días encadenados de forma ininterrumpida, exigiendo el cumplimiento de las boletas de excarcelación que aún no llegan.
Un reclamo en dos frentes
La protesta en el exterior de la «Zona 7» no es un hecho aislado, sino que acompaña la huelga de hambre que los propios presos políticos iniciaron el pasado viernes. La situación es de extrema tensión:
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En el interior: Los detenidos rechazan alimentos para forzar una respuesta institucional.
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En el exterior: Madres, padres y hermanos permanecen a la intemperie, enfrentando el desgaste físico del encadenamiento y la vigilia.
Entre la promesa y el retraso
A pesar de que el pasado 8 de enero Jorge Rodríguez anunció un cronograma de excarcelaciones, la realidad jurídica sigue estancada. Para el Comité para la Libertad de Presos Políticos (ClippVe), este retraso ha pasado de ser un trámite administrativo a una herramienta de presión psicológica.
«Esta espera prolongada no es solo un desgaste; es una vulneración sistemática de los derechos humanos. La vigilia forzada constituye una forma de tortura psicológica para estas familias que no han descansado en semanas», denunció la organización a través de sus redes sociales.
Justicia, no solo fe
Aunque las jornadas de protesta han estado marcadas por momentos de oración y refugio espiritual, los voceros de los familiares han sido enfáticos: la fe no sustituye a la justicia.
La exigencia es la libertad plena e inmediata. ClippVe sentenció que cada hora de postergación en la firma de las libertades representa un «sufrimiento injustificado» para ciudadanos que ya han cumplido procesos irregulares o que simplemente esperan la ejecución de una voluntad política ya anunciada por el Estado.
