EFE
El juicio a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015) abrió este lunes la etapa de alegatos, en un caso que, de ser condenada, podría inhabilitarla a ejercer en la actividad política.
La Fiscalía afirmó este lunes que la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández (2007-2015), y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), crearon “una de las matrices más extraordinarias de corrupción” durante sus mandatos, en la fase de alegatos del juicio que la sienta en el banquillo por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria.
El Ministerio Público Fiscal “tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo en la cúspide de su funcionamiento a quienes fueron jefes de Estado”, dijo el fiscal Diego Luciani, al considerar que los presuntos ilícitos comenzaron en el anterior gobierno de Kirchner, marido de la expresidenta y fallecido en 2010.
En este caso, en el que hay otros 12 involucrados, se investiga si hubo un direccionamiento en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner, concedidas al empresario Lázaro Báez, y también si hubo sobreprecios.
Según el fiscal, “hubo un acuerdo para mantener una puesta en escena entre todos los involucrados” para la realización de las obras que, aseguró, generaron “inconmensurables pérdidas para el Estado” y “siguen sin terminarse”.
Sin embargo, una auditoría realizada a pedido de la justicia por Vialidad Nacional, una entidad adscrita al ministerio de Obras Públicas, determinó que los trabajos fueron finalizados.
La Unidad de Información Financiera había considerado “irresponsable avanzar en una acusación” al desestimar los argumentos de la fiscalía sobre la existencia de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
El presidente argentino, Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete en los gobiernos de los Kirchner, declaró personalmente en la causa en febrero pasado y respaldó a la vicepresidenta al afirmar que “no hubo nunca reparto arbitrario de fondos”.
La fiscalía expondrá los alegatos en nueve audiencias programadas para las próximas tres semanas y luego será el turno de la defensa.
El juicio se inició el 21 de mayo de 2019, contó con más de un centenar de testigos y debió ser suspendido temporalmente en 2020 por la pandemia de covid-19.
La vicepresidenta de 69 años fue sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales (2007-2015), pero aún enfrenta cinco procesos.
En octubre pasado se desestimó una causa en la que se acusaba a la exmandataria de encubrir a los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos y 300 heridos.
La información es de Radio France Internationale
