Aunque los argumentos del Ejecutivo nacional para ejecutar las expropiaciones ha sido la de garantizar la soberanía alimentaria, los resultados están por verse
Durante los últimos seis años, al menos 19 empresas con sedes o sucursales en Anzoátegui resultaron afectadas por la medida
“Owens Illinois está expropiada”. “La cadena Éxito pasa a ser de la República, no hay vuelta atrás”. “¡Ya basta! Eso es un desastre, vamos a nacionalizar Conferry (…) ¡Exprópiese!”.
Estas fueron algunas de las frases utilizadas por el expresidente Hugo Chávez, entre 2005 y 2012 para anunciar la toma o adquisición forzosa de algún bien privado.
Según estadísticas de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), hasta octubre de 2014 el Gobierno nacional había ejecutado 1.314 intervenciones. De este grupo 42% corresponden al sector construcción, 31,4% a la industria, 16,9% al área petrolera, 8,3% a comercio y servicios y 1,4% a otros.
Durante los últimos seis años, al menos 19 empresas con sedes o sucursales en Anzoátegui resultaron afectadas por la medida, 15 de ellas ubicadas en las zonas norte y oeste de la entidad: Vengas y Tropigas. Cemex, Lácteos Los Andes, Soltuca, Asfalto Oriente, Vivex, Cativen (Supermercado Éxito), Frigor, Supermercados Cada, Fertinitro, Fextun, Molorca, Conferry y Agro Oriente.
El resto están en el eje centro sur. Esta lista la integran: Helversa, Perfoalca, MTC, H&P y Agroisleña. Las primeras cuatro operaban en la Faja Petrolífera del Orinoco y todas pasaron a manos de Petróleos de Venezuela.
De acuerdo con el Observatorio de la Propiedad Privada del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), entre 2005 y 2011 hubo 2.549 violaciones a la propiedad privada, 544 invasiones y 838 rescates de tierras, de las cuales 93 fueron en Anzoátegui, entidad que ocupa el segundo lugar a escala nacional después del área metropolitana de Caracas (146).
“Las tierras a nacionalizar se sumarán a las 3,6 millones de hectáreas expropiadas durante la administración de Chávez”, señaló en julio del año 2013 el presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), William Gudiño.
Error
Uno de los argumentos del gobierno para aplicar estos procedimientos fue el reactivar la producción para alcanzar la soberanía alimentaria.
Para el presidente de la Asociación de Ganaderos del Sur de Anzoátegui (Asogasa), Mauro Barrios, ese objetivo no se cumplió.
“La expropiación ha sido un grave error. Acabaron con la producción agrícola del país para entrar en una etapa de importaciones de todos los rubros, lo cual beneficia a los trabajadores del campo de otros países, en detrimento de los venezolanos”.
Aseguró que además de la escasez de alimentos, muy pocos propietarios tuvieron la suerte de que les pagaran al menos las bienechurías. “Sólo están productivos algunos terrenos que tenían servicios de agua, electricidad y vialidad. El resto quedó en el abandono”.
Aunque se esperaba que, al ser explotadas por el sector oficial, las zonas productivas fuesen mejor dotadas, Barrios señaló que la mayor parte de la vialidad rural está inservible y la inseguridad se ha incrementado, toda vez que a estos predios no llega la acción policial.
En la Mesa de Guanipa, las ocupaciones se iniciaron hace cinco años, cuando el Ejecutivo destinó 10.000 hectáreas al proyecto de la siembra de soya, el cual está paralizado.
Igual ocurrió en 2010 con el procedimiento aplicado a Agroisleña, empresa proveedora de materiales y financiamiento al campesino, cuya operatividad es muy baja.
El presidente de Fedécamaras Anzoátegui, Remo Di Marcantonio, dijo que no existen reportes del funcionamiento de la planta de soya que se construyó, en alianza con un consorcio de Brasil, en la vía a Pariaguán.
“Tampoco tenemos cifras exactas de la productividad de las otras empresas expropiadas, pero la situación actual es la mejor radiografía de lo que está ocurriendo en ellas. La escasez de cemento y de los artículos de primera necesidad como la leche, evidencia la realidad de lo que ocurre”.
“Franklin Brito dejó de ser carne para convertirse en símbolo y bandera para todos los atropellados por la soberbia del poder, para los ofendidos por la prepotencia de los gobernantes”, expresaron familiares del productor agropecuario que murió el 30 de agosto de 2010, tras realizar una huelga de hambre, en protesta porque en 2005 fue desalojado de sus tierras en el estado Bolívar.
Sin mayores logros
“Es obvio que ninguna de las empresas ocupadas fueron devueltas a sus dueños ni tampoco están produciendo al 100% de su capacidad, algunas están paradas. Así lo informó Remo Di Marcantonio, al referirse a Molorca y Agro Oriente (Barcelona), Frigor (Guanta) y Agroisleña (El Tigre).
Mencionó además a Avinsa, cuya granja avícola, ubicada en el sector Los Potocos de Barcelona, fue invadida en 2003, aunque estaba en plena producción.
Similar es el caso de la granja Las Mercedes en El Tigre, ahora en manos del Ejecutivo, pero con apenas 20% de la producción que tenía en 2003.
En relación a la expropiación de los terrenos de Frigor en 2010 por parte del alcalde de Guanta, Jonnathan Marín, dijo que aún no se han construido las 550 viviendas que se ofrecieron para justificar la toma.
Aseveró que después de la ocupación de Agroisleña (El Tigre), el gobierno no ha tenido mayores logros. “Los anteriores dueños estimulaban la producción con financiamiento al campesino e importación de insumos agrícolas. Hoy no hay siembra de soya ni apoyo al productor”.
El emblema
Cemex ha sido una de las expropiaciones más emblemáticas de la entidad, por ser la que produce 50% del cemento que se consume en el país, aún en las condiciones actuales.
En 2008 se procedió a la nacionalización de la industria cementera, “pero desde 2005 los trabajadores venían denunciando los efectos de la desinversión, que se agravó durante la permanencia de la comisión de transición”, expresó Luis Chaparro, secretario general del Sindicato Planta Pertigalete.
“Ellos alegaron durante cinco años que la empresa estaba en un limbo jurídico porque los antiguos propietarios no aceptaban las condiciones de negociación y eso impedía al Ejecutivo hacer las inversiones necesarias para garantizar su operatividad”, acotó.
En 2011, los sindicatos crearon la Alianza Nacional de Trabajadores Cementeros y su primer acto fue decretar la emergencia. En septiembre de 2012 anunciaron la paralización del sector por falta de empaques y de mantenimiento de los equipos, así como el incumplimiento del contrato colectivo. El 21 de noviembre de 2013 designaron a una nueva directiva de Venezolana de Cementos.
“El balance no ha sido positivo. Es necesario un nuevo modelo de gestión con la participación de los trabajadores y una fuerte inversión para garantizar los insumos a la Gran Misión Vivienda Venezuela y las obras de infraestructura que ejecuta el Gobierno nacional”, expresó Chaparro.
Destacó que los niveles de producción se mantienen con el sacrificio del personal, toda vez que las fallas no han sido resueltas.
El año pasado, la cementera cerró con una producción de 2 millones de toneladas métricas, cerca de la meta anual de 2.690.000 TM.
En mayo de 2014, el vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez, inspeccionó la planta de Venezolana de Cementos en Pertigalete (Gunta). Tras realizar un recorrido, señaló que el compromiso del gobierno era potenciar su producción
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Esta fábrica tiene capacidad para producir 3,2 millones de toneladas al año. La más grande del país.
Dennis Núñez, exdelegado de prevención de la planta de concreto en Barcelona, refirió que cuando la empresa era dirigida por los mexicanos, tenía una producción de 500 metros cúbicos al día, la cual ha mermado a 80 mt3 y, en ocasiones, se ha reducido a 20 mt3.
Explicó que este descenso se debió a fallas en la adquisición de materia prima y la paralización de algunos equipos por falta de repuestos. No reportó nuevo aumento.
Están a la espera del informe económico de la empresa para que culminar las negociaciones contractuales.
Menos cabezas de ganado
“En 1998 Anzoátegui contaba con 24.000 establecimientos agrícolas y 763.000 cabezas de ganado. El censo del 2008 reflejó que 10.000 hectáreas estaban en manos de 5% de los productores y que el rebaño se redujo a 465.000 unidades, aunque la meta era elevarlo a un millón. Según los estándares internacionales, debe haber entre 0,8 y 1 cabeza de ganado por habitante. Esto no ocurre porque los productores tuvieron que dejar las tierras por las expropiaciones y la inseguridad”. Mauro Barrios. Presidente de la Asociación de Ganaderos (Sur)
3,6 millones de hectáreas
La página web de El Tiempo publicó el 30 de julio de 2013 las declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), William Gudiño, quien indicó que el Ejecutivo continuará con la política de expropiación de predios y prevé nacionalizar 265.000 hectáreas en los próximos años. Estas tierras se sumarían a las 3,6 millones de hectáreas expropiadas durante la administración de Hugo Chávez (1999-2013). El funcionario admitió que ha habido conflictos por “problemas de financiación” en tierras cultivables, exceso de lluvias que han afectado plantaciones y altos índices de violencia. También señaló que personas encargadas de los proyectos “no han tenido paciencia y han abandonado tierras” que ahora deben volver a ser “rescatadas, y para eso vamos a poner mucho esfuerzo, mucho énfasis.”
Secuestros
Entre 2008 y 2009 se reportaron 54 secuestros en El Tigre, la mayoría de hacendados y comerciantes. Con la participación de varios sectores se creó la ONG Unidos por la Vida, a fin de atender estos casos. “El resultado ha sido positivo, pero no hemos erradicado el plagio. Se requiere mayor participación de los cuerpos de seguridad y del Gobierno nacional”. Remo Di Marcantonio Presidente de Fedecámaras Anzoátegui
Fuente: El Tiempo.com.ve
Katy Jurado
