La Asociación Civil Expresión Libre manifestó este domingo su profunda preocupación por las medidas de orden judicial y las sanciones aplicadas recientemente contra medios de comunicación y alerta al país sobre esta nueva escalada que no parece estar desvinculada de otras medidas de acoso y criminalización de las cuales han sido objeto días atrás parlamentarios y dirigentes de la oposición.
La más reciente de estas medidas es la multa aplicada a los diarios El Nacional y Tal Cual, equivalente al 1 % de los ingresos brutos del año 2009, sanción evidentemente injusta por su falta de asidero conceptual, divorciada de los estándares internacionales de la libertad de expresión y, adicionalmente, desproporcionada.
Silvia Alegrett, coordinadora general de Expresión Libre, indicó que “tales actuaciones se busca golpear directamente a esas empresas, cuyos ingresos han sido duramente afectados por la crisis económica y la práctica discriminatoria en la distribución de las pautas oficiales que hace el gobierno, convertido desde años en el mayor y más opulento anunciante”.
Es protuberante el hecho de que este juicio está abierto desde agosto de 2010, a raíz de la publicación de una foto del interior de la morgue de Bello Monte, para ese momento repleta de cadáveres de víctimas de la violencia, como ya se ha vuelto habitual por la situación de impunidad con la que actúa el hampa dado el fracaso de los planes gubernamentales para su prevención y combate, y es ahora cuando se decide.
Ya se ha vuelto común que el gobierno, en orquestación con las instituciones que están claramente bajo su control, inicie procesos judiciales que luego son paralizados por largo tiempo, inclusive años como el mencionado litigio, a la espera de la oportunidad de mayor conveniencia política para el Ejecutivo Nacional y el partido de gobierno para dictar las decisiones. La secuencia con la que se toman las decisiones crea un antidemocrático clima de inseguridad para los medios y de zozobra para la ciudadanía.
De la misma manera, en otras ocasiones actúan con inusitada celeridad para adoptar medidas no siempre acordes con el debido proceso, como ha ocurrido con los juicios contra los editores Leocenis García, cuyo semanario Sexto Poder ha cerrado sus puertas y sus trabajadores han quedado en la calle, y contra Miguel Henrique Otero, editor del diario nacional, por una extraña querella de orden particular.
Inaceptable igualmente resulta la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Bolívar, que ha decidido tramitar la demanda por supuestos daños y perjuicios que el propietario de la revista Primicia, Yamal Mustafá, presentó contra el editor del diario Correo del Caroní, David Natera Febres.
Mustafá demandó a Natera por las informaciones que publicó en su diario sobre presuntos hechos de corrupción en los cuales estarían presuntamente implicados el editor de Primicia y el gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel, y que tienen que ver con negociados mafiosos en las empresas del hierro en Guayana.
Resulta insólito que el tribunal diera curso a la demanda, incluso tomara medidas de embargo contra el Correo del Caroní, a pesar de que Mustafá está detenido por los mismos hechos que el diario denunció en sus publicaciones y lo cual dio inicio a las investigaciones.
Además del criterio sesgado con el que actúan estos tribunales, es fácil apreciar que todos estos casos, que afectan de manera indudable el ejercicio pleno de la libertad de prensa y expresión en Venezuela, tienen como denominador común hacer blanco en el aspecto económico de las empresas.
Por último, resulta incomprensible las acusaciones y críticas destempladas que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, contra el canal Globovisión, al cual ha acusado de una línea informativa “desestabilizadora”, mientras se mantiene el uso sesgado y sectario de los medios del Sistema
Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI), hoy bajo control absoluto del partido de gobierno. Expresión Libre, Comunicadores para la Paz y la Democracia, hace una nueva exhortación al gobierno nacional para que actúe con total apego a la Constitución Nacional y respete la labor los medios de comunicación, condición sine qua non para el funcionamiento de una verdadera democracia.
Fuente: El Carabobeño
